La elección del nuevo presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Jorge Andrés Carrillo, ha generado todo tipo de reacciones acerca de las irregularidades que se habrían presentado en este proceso.
De hecho, la más reciente se presentó durante el fin de semana, cuando el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, le envió una carta a la compañía de energía.
Según el empresario, se debe tener claridad si la designación de la nueva cabeza de ISA cumplió con todos los requerimientos de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
Ante esto, el gerente de EPM pidió información que confirme si se siguieron estrictamente los lineamientos de gobierno corporativo y las recomendaciones de la firma caza talentos.
Pero también que se determine si el proceso estuvo en línea con el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
A su turno, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a las críticas por la elección de Carrillo como presidente de ISA, sobre todo por su pasado en EPM durante la administración de Daniel Quintero.
“ISA es una empresa estratégica del Estado en materia de transmisión energética y del futuro energético del país”, dijo el mandatario local en Blu Radio.
Y añadió: “EPM cómo no va a hacer las advertencias sabiendo cómo recibimos nosotros EPM y que hay auditorías forenses de la gestión que ellos realizaron en la empresa”.
Con esto en mente, es clave señalar que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero es una norma de EE. UU., que busca castigar las prácticas non sanctas de algunas sociedades.
De acuerdo con la firma de abogados Kohn, Kohn & Colapinto, “es una ley anticorrupción de los Estados Unidos que prohíbe el pago de cualquier cosa de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener una ventaja comercial”.
Y añadió: “Esta ley tiene como objetivo detener las prácticas corruptas, crear condiciones equitativas para las empresas honestas y restaurar la confianza del público en la integridad del mercado”.
Adicionalmente, en la práctica no permite que compañías con acciones en el mercado de EE. UU. tengan vínculos con personas cuestionadas por corrupción.
Si bien el exgerente de EPM no tiene procesos penales, sí tendría al menos siete denuncias ante entes de control y superintendencias, por cuenta de su paso .
