Recientemente, el Congreso aprobó el Proyecto 173 de 2024, que modifica la Ley 1480 de 2011 —conocida como el Estatuto del Consumidor— con el propósito de ampliar, modernizar y fortalecer la protección de los consumidores en la adquisición de productos y servicios, tanto en los canales tradicionales como en el comercio electrónico.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es su impacto en el futuro del crédito en el país. La nueva normativa introduce disposiciones claves para garantizar que los solicitantes reciban información clara y precisa sobre el costo total de los créditos, incluyendo tasas de interés, cargos adicionales y condiciones de pago.
En este sentido, todas las entidades financieras estarán obligadas a informar la Carga Anual Equivalente (CAE), un indicador que permitirá a las personas comparar de manera efectiva diferentes opciones de financiamiento.
«Esto representa un avance significativo, ya que la estandarización de la CAE no solo fomenta la transparencia, sino que también impulsa la competitividad en el sector, permitiendo a las personas comparar de manera efectiva las cuotas que deberán pagar», afirma Mariano Sokal, cofundador y director de uFlow, compañía de tecnología aplicada a la automatización del crédito.
El directivo destaca que esta nueva regulación representa un gran reto para los lenders, quienes deberán adaptarse tecnológicamente para mantener su competitividad. “Si bien la regulación es desafiante, la eficiencia se puede lograr a través de tecnología que permita un análisis más ágil de la data, la automatización de procesos, y el fortalecimiento de la seguridad de la información, entre otras”, subraya Sokal.
Beneficios en la implementación de la norma
Cabe señalar que, según cifras de TransUnion, las entidades que implementan tecnología en sus procesos de documentación reducen sus costos operativos en un 50 % y mejoran su eficiencia operativa en un 60 %. Además, el 94 % de las empresas colombianas considera que la transformación tecnológica es clave para su negocio. En este contexto, el 85 % de las entidades que han adoptado soluciones de inteligencia artificial ha mejorado la calidad de sus decisiones, mientras que el 75 % ha optimizado la velocidad de sus procesos, lo que demuestra, la relevancia de la tecnología para empresas del sector financiero.
Si bien, garantizar el cumplimiento normativo es clave para acercar el sistema financiero a sectores que aún dependen del efectivo, la aplicación de la Ley 173 genera incertidumbre en la industria sobre cómo se asegurará la equidad en su implementación según los criterios que vayan a ser utilizados.
«En este contexto, la implementación de tecnología de automatización, como los motores de decisiones, se convierte en una necesidad para que diferentes organizaciones puedan hacer evaluaciones de crédito sin sesgos, facilitando el acceso a financiamiento, logrando además captar más segmentos del mercado, que ahora tienen la capacidad comparar diversas ofertas, sin aumentar la mora», destaca Sokal.
A su vez, la ley señala que las compañías que implementan programas de cumplimiento en protección al consumidor serán percibidas como más confiables y competitivas, incentivando así la adopción de buenas prácticas y la mejora de sus procesos internos para cumplir con los estándares exigidos.
El futuro del sector financiero colombiano dependerá de la capacidad de adaptación de las empresas a este nuevo marco regulatorio: “Si bien la ley presenta grandes desafíos para las fintechs y entidades bancarias, la clave está en incorporar tecnología para mejorar la experiencia de sus clientes y optimizar sus procesos internos para elegir a los mejores clientes y que éstos también las elijan”, concluye Sokal.
