La Procuraduría General de la Nación emitió una circular con el objetivo de promover un sector minero-energético que favorezca el desarrollo sostenible y la competitividad nacional, esto enmarcado dentro de los esfuerzos por garantizar una transición energética en Colombia, pero que equilibre la soberanía con el impacto ambiental, social y económico.
La circular establece una serie de directrices y medidas con el objetivo de asegurar la implementación efectiva de la política de transición energética, protegiendo el medio ambiente y garantizando el bienestar de las comunidades.
En este sentido, la Procuraduría hizo un llamado a la articulación entre las distintas entidades públicas del sector, con el fin de asegurar el desarrollo oportuno y sostenible de los proyectos energéticos.
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Además, instó a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otras autoridades ambientales a que cumplan rigurosamente con los plazos establecidos en la legislación para la tramitación de permisos y licencias ambientales.
A través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, también se destacó la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y financiera de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), así como las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
En particular, el órgano de control pidió al Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, que la planificación de proyectos del sector energético integre aspectos ambientales que minimicen los conflictos socioambientales y contribuyan al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales sobre cambio climático.
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Con estas acciones, la entidad espera promover un sector energético responsable que impulse el desarrollo económico del país de manera sostenible, garantizando los derechos fundamentales de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.
