La Contraloría emitió una alerta por la ejecución del megaproyecto vial Mulaló – Loboguerrero en el Valle del Cauca debido a una serie de problemas que mantienen detenida la obra.
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Al ente de control le preocupa la desactualización de los estudios y diseños en fase III y lo que ello implica, pues un eventual cambio obligaría a ajustar el inventario de los predios que se deben resguardar.
Por esto, instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda a adoptar medidas que le permitan al concesionario iniciar la fase de construcción del proyecto sin prejuicio.
“Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar al Valle del Cauca sin el indiscutible beneficio económico de una inversión en su territorio de $2,8 billones, haciendo caso omiso de que se trata de un proyecto declarado por el Conpes de importancia estratégica para la Nación”, señaló la entidad.
Además, derivaría en que el Estado se vea obligado a pagar unos $700.000 millones, de acuerdo con los cálculos de la Contraloría. Sin contar con la licencia ambiental, aprobada en 2021, que el concesionario tendría que ceder a la Nación.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la Contraloría debe evaluar si es mejor la terminación anticipada o insistir en una obra que no se está haciendo, “que tiene más de $2 billones guardados en una fiducia hace varios años y van a seguir allí porque los contratistas dicen que ellos ya no pueden hacer la obra”, señaló.
Fuente: Covimar.
Mulaló – Loboguerrero es una vía de cuarta generación de 318 kilómetros de longitud que promete reducir en 52 kilómetros la ruta entre Cali y Buenaventura, lo que se traduce en 1,5 horas menos. Este beneficio está pensando, principalmente, para el transporte de carga, ya que la vía se dirige a los puertos del Pacífico.
Desde que el proyecto, que arranca en el municipio de Yumbo, se adjudicó en 2014, la obra ha permanecido suspendida, por lo que nunca pasó del 0 % de avance.
Por tratarse de un proyecto ambicioso con cinco modernos túneles y 48 obras especiales, como puentes pontones y viaductos, debía generar 1.800 empleos directos al año en su pico máximo y miles de empleos indirectos por medio de los prestadores de servicios y proveedores durante su construcción y operación, según la concesión.
Vale la pena recordar que Covimar pidió la terminación anticipada del contrato en 2021 por aparentes demoras en la expedición de la licencia ambiental por parte de la ANLA, pero un tribunal de arbitramento falló a favor de la ANI en primera instancia en mayo de 2023 y ordenó al concesionario continuar con las obras tras un litigio de un año.
