Los últimos años han sido retadores para una industria minera en Colombia, en medio de varias coyunturas como la desaceleración económica, el establecimiento de nuevos impuestos particulares y anuncios por parte del Gobierno Nacional sobre la autorización para firmar nuevos contratos para la producción de carbón a cielo abierto.
Una de las mayores empresas mineras de Colombia es Cerrejón que está ubicada en el departamento de La Guajira al norte del país. Tiene 13.700 empleados colombianos y prevé producir unas 20 millones de toneladas de carbón durante el presente año.
La concesión sobre la que trabaja Cerrejón vence a inicios del 2034 y el objetivo de la empresa es mantener las labores de producción a máxima capacidad, las cuales siguen siendo complementadas con acompañamiento de las comunidades y compensación ambiental en las zonas intervenidas.
En una entrevista en el municipio de Albania, La Guajira, la presidenta de Cerrejón, Claudia Bejarano, dijo que la dueña de la empresa en Colombia -la multinacional Glencore- ha dicho públicamente que se encuentra reduciendo las emisiones de sus proyectos en el mundo. Sin embargo, la concesión de la mina de Cerrejón se termina en febrero del 2034, por lo cual dijo que la empresa propietaria definirá en su momento la continuidad de la operación en Colombia.
Mientras tanto, la minera mantiene la operación y denuncia los constantes bloqueos de parte de algunos pocos miembros de la comunidad que frenan las operaciones de exportación hacia Puerto Bolívar alegando reclamaciones que, en su mayoría, les competen a autoridades como alcaldes y gobernadores.
Para finales del año 2024, explicó la ejecutiva, la demanda de carbón se estima por expertos internacionales en 8.800 millones de toneladas, motivo por el cual asegura que el interés por esa materia prima se mantendrá.
Sin embargo, a pesar de la estimación de la creciente demanda de carbón en el mundo, Bejarano dijo que en Colombia tenemos “todo este ruido” hacia la industria minera.
Resumió la situación como compleja tras relatar que las empresas como Cerrejón están asumiendo un ‘goverment take’, -es decir, lo que tienen que pagar entre impuestos y contribuciones- que llega al 80 % de los ingresos que reciben de su operación en el país.
Esa cifra subió considerablemente luego de que el Congreso colombiano aprobada una nueva reforma tributaria en el año 2022 mediante la cual se introdujo una sobre tasa para las empresas mineras cuando el precio del carbón supere ciertos niveles.
En concepto de Bejarano, esas decisiones del Congreso soportadas por el Gobierno se vuelven incluso confiscatorias porque las compañías deben pagar esa sobre tasa incluso cuando la operación les pueda estar dejando pérdidas.
Ahondó más en cuando a que la a industria carbonera tiene una participación del ‘goverment take’ (pago de impuestos y contribuciones) que ya era del 57 % antes del 2022 y, tras la aprobación de la reforma tributaria del 2022, quedó en 80 %.
Ahora, con la nueva propuesta de reforma tributaria del Gobierno Petro, la presidenta de Cerrejón estima que podría llegar al 88 % del total de ingresos generados por la empresa, lo cual, en su concepto, pone en riesgo el negocio así como los giros por impuestos y regalías hacia la Nación. El año pasado fueron entregados $10,6 billones entre ambos rubros para su uso en las regiones.
Para ponerlo en magnitud, la nueva reforma tributaria que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso estima generar recaudo por unos $7 billones, mientras que Cerrejón en un solo año puede entregar impuestos y regalías por esos $10 billones.
A la fecha, según la ejecutiva, el 57 % del PIB de La Guajira proviene de las minas de carbón y de eso la mayoría sale de Cerrejón.
“La carga tributaria está asfixiando a las empresas mineras, pero gracias a los fallos de la Corte Constitucional” se evitó la decisión del Gobierno de prohibir la deducibilidad de las regalías sobre la operación de las empresas del sector minero y de hidrocarburos, dijo Bejarano en la entrevista.
Citó el caso de un alto funcionario del Gobierno del presidente Petro que criticó a la minería de carbón en La Guajira, pero declinó una invitación a visitar la mina para conocer el alcance de la operación asegurando que la empresa le entregaría información parcializada durante esa visita.
Eso sería desconocer la operación de 13.700 empleados y la complejidad de una operación como la que existe en La Guajira, sentenció, tras decir que sigue esperando la llamada de ese funcionario para atenderlo cuando quiera visitar la mina.
Bejarano advirtió que las sobretasas, los impuestos y las contribuciones están afectando la rentabilidad del negocio, lo que representa que se ponen en duda los beneficios para los accionistas y dueños de la mina en La Guajira. “Si uno como inversionista pierde plata qué hace con un negocio, lo cierra”, sentenció.
Cerrejón está luchando por sobrevivir en medio de este panorama complejo particular en Colombia, agregó.
Prohibir las exportaciones no soluciona la guerra
De otro lado, Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, criticó la decisión del Gobierno Nacional liderado por el presidente Gustavo Petro de prohibir las exportaciones de carbón hacia Israel lo cual, en concepto de la ejecutiva, solo perjudica a Colombia y a las empresas locales porque tienen que salir a buscar nuevos mercados y competir con otras naciones con mayor desarrollo en minería como Australia.
Desestimó lo dicho en días pasados por el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien aseguró que las exportaciones ya fueron redirigidas a nuevos mercados y que no afectan los giros de regalías a las regiones.
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Para Bejarano, esa decisión lo único que hace es generar costos más altos a las empresas mineras porque para llevar el carbón hacia países de Asia deben pagar fletes más altos y competir con más productores.
Además, señaló que Israel simplemente termina comprando el carbón a otro país en la medida de sus necesidades.
Bloqueos y sabotaje al carbón
En lo corrido del año 2024 -hasta mediados septiembre- se han presentado 236 bloqueos a la línea férrea que transporta el carbón hacia Puerto Bolívar.
Esos bloqueos son cometidos por algunos pocos miembros de las comunidades cercanas a la mina quienes reclaman soluciones como acceso a cobertura del ICBF, mejoramiento de vivienda o de vías, los cuales en su gran mayoría tienen que ser atendidos por alcaldías y gobernaciones en lugar de ser respondidas por la empresa.
Ese balance de bloqueos del 2024 -a falta de cuatro meses por terminar el año- ya casi supera todos los bloqueos que se presentaron en el año 2023 cuando se registraron 242 interrupciones.
La solución a los bloqueos se ha dificultado, según la ejecutiva, porque por orden del Gobierno Nacional no se puede usar la fuerza pública dejando en libertad a las personas que consideren bloquear las vías del tren.
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“Se han presentado muchas veces bloqueos en los que una sola persona se atraviesa en la vía con un palo y, por respeto a la comunidad, la operación se detiene”, denunció la presidenta de Cerrejón.
La empresa, en muchas ocasiones, debe dar traslado a las administraciones de alcaldías y gobernaciones que es hacia donde se mueven todas las quejas de las comunidades por la falta de pago de temas del ICBF, alimentación, energía, vías, entre otros.
Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón. Foto: Cerrejón.
Arroyo Bruno y la ruta del jaguar
Valora Analitik tuvo la oportunidad de visitar la mina de carbón de Cerrejón en el municipio de Albania en La Guajira para constatar el manejo de la operación, la implementación de medidas de seguridad y el cuidado del ambiente.
Una de las afirmación que más se ha promovido y que incluso el propio presidente Gustavo Petro ha dicho públicamente en sus discursos es que el río Ranchería fue desviado por la empresa minera dejándolo seco y sin agua para miles de comunidades de la zona.
En la visita de este medio se pudo confirmar que el río no ha sido desviado por la empresa y que, en medio de fuertes lluvias el 17 de septiembre de 2024, el cauce es caudaloso y sigue su curso hacia la ciudad de Riohacha en donde desemboca en el océano Atlántico.
Lo que sí sucedió -tras obtener los respectivos permisos de varios ministerios y de hacer las consultas con comunidades cercanas- fue la desviación del cauce del famoso Arroyo Bruno. Las obras consistieron en trasladar un tramo de 3,6 kilómetros, 700 metros hacia el norte, de acuerdo con la legislación colombiana y aplicar tecnología para asegurar que el ecosistema del arroyo no se viera afectado por la actividad minera.
Esa desviación ha tenido el seguimiento de cientos de expertos nacionales e internacionales para comprobar que no ha habido afectación al cauce ni a la alimentación desde el arroyo al río Ranchería.
Uno de los expertos de la empresa, el ingeniero Luis Francisco Madriñán quien es el gerente de gestión ambiental de Cerrejón, mostró cómo el arroyo Bruno mantiene el curso de las aguas que llegan al río Ranchería sin afectar la vida que lo rodea.
Insistió en que ha habido visitas de senadores que al salir entregan versiones incompletas de la información que les fue suministrada para decir en redes sociales que el Arroyo Bruno fue secado por Cerrejón y que eso genera la muerte de niños en La Guajira.
La empresa y el experto mostraron cómo el río Ranchería tenía en el momento de la visita un cauce de unos 10 metros cúbicos por segundo e, incluso, Madriñán fue más allá para decir que ese río tiene la capacidad hídrica de entregar agua potable a toda La Guajira pero que, en resumen, no ha habido desarrollo de soluciones que lleven agua a todos los habitantes de la región.
El 95 % del agua del río Ranchería, dijo, llega al mar sin haber tenido usuarios y sin beneficiar a toda la población que tiene el potencial de hacerlo.
Terminó diciendo que hay un enfrentamiento legal entre Cerrejón y una ONG que opera en la región que acusa a la empresa de generar una grave afectación al río tras el desvió del tramo del Arroyo Bruno.
Esa discusión se da a pesar de que el desvío de ese tramo fue aprobado por varios ministerios y concertado con las comunidades, mientras que los expertos que lo han visitado confirman que las adecuaciones al nuevo cauce se han hecho siguiendo los estándares necesarios para proteger la zona.
Dentro de la discusión también ha habido conceptos del actual equipo del Ministerio de Ambiente que en documentos oficiales ha dicho que el arroyo “se sentiría más cómodo” si retomara su cauce original. Sin embargo, según el experto Luis Francisco Madriñán, intentar devolver el curso original al arroyo tendría que incluir nuevos estudios de viabilidad, nuevos recursos, nuevos desarrollos, nuevos trabajos, nuevas autorizaciones y más consultas con las comunidades cercanas al río en ese tramo.
En la siguiente foto se puede ver cómo uno de los terrenos de la mina de Cerrejón fue usado para producir carbón hace alrededor de 15 años y hoy en día está recuperando ambientalmente, tanto así que se convirtó en parte de la ruta de los jaguares de la zona para conectar a la serranía del Perijá con la Sierra Nevada de Santa Marta.
Antiguo tajo de producción de carbón, hoy recuperado ambientalmente
Mina Cerrejón en La Guajira. Foto: Valora Analitik.
Producción y márgenes afectados
Finalmente, en la entrevista la presidenta de Cerrejón, Claudia Bejarano, estimó que con los tajos actuales la empresa puede producir y exportar hasta 12 años más -incluso sin ejecutar nuevos planes de expansión- después de terminar al concesión en el año 2034.
La meta de producción para el año 2024, dijo, era producir alrededor de 22-23 millones de toneladas de carbón, pero entre los problemas sociales y los bloqueos a la línea férrea ahora espera que la meta no se cumpla ya que esa producción se acercaría más hacia los 20-21 millones de toneladas.
Al ser consultada por los márgenes del negocio se limitó a decir que se siguen apretando y que se verán cuando haya un reporte a las autoridades colombianas al corte del año 2024.
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