La disputa entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y Ventura Group, los operadores del muelle 13 del puerto de Buenaventura, cumple ya un año.
Ventura Group buscaba renovar su concesión por otros 20 años, hasta 2044, pero el gobierno tenía otros planes: entregar la operación a cooperativas de pescadores locales.
En palabras de Álvaro Rodríguez Acosta, cofundador de Ventura Group, la situación ha sido un “infierno”, tras una decisión del gobierno.
La decisión de la ANI
En un principio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había firmado una resolución que los habilitaba para continuar con la concesión por dos décadas más.
Sin embargo, menos de una semana después, la ANI revocó esa decisión, renovando el contrato por solo un año con la intención de asignar el muelle a un nuevo operador.
Esto dejó a Ventura Group en una situación crítica, ya que había invertido dos años y medio en los trámites para la renovación a largo plazo. Álvaro Rodríguez describió la situación como “un infierno de 30 días”.
El lío judicial
Ventura Group respondió a la decisión interponiendo recursos legales, fue así que al cierre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió provisionalmente las resoluciones de la ANI que limitaban la concesión.
Esto permitió que Ventura Group mantuviera temporalmente la operación del muelle 13, pese a la intención del gobierno de entregarlo a pescadores de la región.
La ANI anunció que analizará las consultas necesarias para cumplir con las medidas cautelares, mientras el proceso judicial sigue su curso y así lo hizo.
El gobierno se mantiene firme
Para mala suerte de la empresa, a comienzos de 2025, el conflicto sumó un nuevo capítulo debido a cuestionamientos sobre la condición ambiental del muelle. Aunque la empresa contaba con un plan de manejo ambiental, el gobierno lo consideró insuficiente y exigió una licencia ambiental para continuar con las operaciones.
En una rueda de prensa, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, junto con otros miembros del gabinete, explicó su postura: “No vamos a revocar la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre la suspensión de actividades en el muelle 13. No se puede operar sin una licencia ambiental adecuada, y este grupo portuario no cuenta con ella”.
La ministra de Transporte, María Constanza García, respaldó esta postura, señalando que la falta de licencia refleja incumplimientos acumulados en los últimos tres años.
Muhamad también criticó la postura de la Procuraduría, que había solicitado levantar la suspensión, calificándola de carente de argumentos técnicos sólidos.
Valora Analitik conoció en exclusiva imágenes del informe técnico de valoración del estado de la infraestructura portuaria, elaborado en marzo de 2023 por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el grupo portuario.
Según el documento, en que el gobierno basa su decisión de mantener la suspensión, el volumen y el calado de las operaciones superan las capacidades actuales del plan de manejo ambiental presentado por Ventura Group.
¿Qué sigue para el muelle 13?
El gobierno está evaluando un nuevo enfoque para el uso del muelle 13. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, afirmó que el objetivo es poner esta infraestructura al servicio de las comunidades locales, con un enfoque en la pesca artesanal e industrial. “Debe ser un espacio que beneficie a las comunidades y fomente su desarrollo económico y social”, concluyó López.
El desenlace de esta disputa será clave para el futuro del puerto de Buenaventura, la logística y el modelo de concesiones en Colombia.
