El proyecto de ley que crearía la jurisdicción agraria, que fue radicado por el gobierno de Gustavo Petro, sembró una controversia sobre la posibilidad de una expropiación exprés de tierras en Colombia.
Exactamente, es el artículo cinco, numeral cuatro, que se refiere a la función social y ecológica de la propiedad agraria.
El artículo señala: “Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con apego a las consideraciones contenidas en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. El Estado en sus decisiones buscará el respeto por el manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria y como esencia de la existencia de la vida”.
Y continúa: “Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. La concentración improductiva u ociosa de las tierras es contraria a la utilidad pública y al interés social.”
Según la exministra del Gobierno Petro, Cecilia López, este artículo abre la puerta a una expropiación exprés, dice que un artículo del proyecto permite que el Gobierno – y no un juez – tome la decisión en procesos especiales
López dice que esto es una «obsesión» del Gobierno Petro con la expropiación de tierras.
Otra detractora de la llamada expropiación exprés fue la representante Katherine Miranda, quien señala que la ley tendrá como finalidad proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la Agencia Nacional de Tierras.
“Cuando debería ser un juez de la República. En el proyecto, el Juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años ¡Inaudito!”, criticó Miranda.
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¿Qué dice Gobierno Petro sobre expropiación exprés?
Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, afirmó que la nueva legislación no habilita una «expropiación exprés». En una entrevista con Blu Radio, Buitrago desmintió las acusaciones de que la ley permitiría la expropiación de tierras sin el debido proceso judicial.
La ministra Buitrago rechazó esta interpretación, enfatizando que «la expropiación es un mecanismo ya permitido en la Constitución por motivos de utilidad pública o interés social».
Explicó que el nuevo proyecto simplemente refuerza la intervención de los jueces en conflictos agrarios, algo que, como destacó, no es novedoso en la legislación colombiana.
Buitrago fue enfática al señalar que el proyecto no introduce cambios drásticos en la normativa actual, sino que se alinea con lo establecido desde la Ley 160 de 1994 y la Ley 200 de 1936, que permiten la expropiación bajo ciertas condiciones.
Dicha ley establece que, cuando se requiere un terreno para un proyecto de interés común, como la construcción de una carretera, el interés general prevalece sobre el interés individual.
Esto significa que el Estado puede tomar posesión de una propiedad privada si es necesaria para un proyecto que beneficie a la comunidad.
El proceso para tomar el terreno incluye una negociación entre las partes involucradas. Si no se llega a un acuerdo, el Estado tiene la facultad de expropiar el terreno, junto con las mejoras que haya en él o las servidumbres asociadas, siempre que sea para cumplir con objetivos de interés social y utilidad pública, tal como lo establece la ley.
Esto garantiza que los proyectos que benefician a la sociedad puedan llevarse a cabo de manera justa y ordenada, respetando los derechos de los propietarios a recibir una compensación adecuada.
Petro sobre la expropiación exprés
No obstante, minutos después, el presidente Gustavo Petro pareció no cerrar completamente la puerta a dicha posibilidad. En su cuenta de X, escribió: «Siempre la extrema derecha querrá mantener la injusta posesión de la tierra en Colombia. Sabe que de allí ha surgido la violencia y el narcotráfico y que esos han sido los motores del proyecto político del atraso sobre el que se cimentan. Las fuerzas del pasado no quieren que el país avance porque en el pasado están sus privilegios».
Cabe mencionar que una de las promesas del presidente Gustavo Petro fue no hacer expropiación.
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