La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en contrato con cédulas de extranjería que se expiden en Colombia.
En particular, esto se dará por el convenio firmado entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional, que fue concretado durante el primer semestre de este año.
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación implica al director de Migración, Carlos Fernando García Manosalva, y al exgerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves.
En un comunicado, la Procuraduría señaló que se habrían presentado irregularidades en el contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por $6.600 millones.
En el mismo auto, se abrió investigación contra el jefe de la oficina jurídica de Migración, Carlos Julio Ávila, y el secretario general de esa misma entidad, Rigoberto Niño.
Irregularidades en contrato con cédulas de extranjería
La Procuraduría indicó que las presuntas irregularidades en contrato con cédulas de extranjería se deben, principalmente, a una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos.
Esto derivó en una subcontratación de todos los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de los documentos, sus insumos, la elaboración de la tarjeta, y la personalización y entrega del documento final a Migración.
Igualmente, es objeto de investigación disciplinaria una posible vulneración a la libre concurrencia de oferentes.
Para la Procuraduría, el contrato en mención se adjudicó de manera directa, lo cual “pudo vulnerar los intereses de posibles competidores del mercado”.
Así las cosas, con su aparente actuación, los investigados pudieron infringir los principios de la contratación estatal y la función administrativa, en concepto el Ministerio Público.
Entre otras pruebas requeridas, la Procuraduría solicitó copia del contrato firmado, así como un informe ejecutivo del estado actual de los mismos, detallando las actividades realizadas hasta el momento y los pagos o aportes realizados.
En su momento, el Gobierno le dio este contrato a la Imprenta Nacional, luego de cancelar un proceso licitatorio que se adelantaba y que apuntaba a que el ganador fuera Thomas Greg & Sons.
Y, de hecho, esto se repetirá en el caso de la expedición de pasaportes, que, desde octubre, quedarán en manos de la entidad pública, dejando de lado a la empresa privada.
