La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló este viernes pliego de cargos contra varias entidades asociadas al fútbol profesional femenino en Colombia.
La entidad busca determinar si los investigados habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina en el país desde el 2017 hasta la actualidad.
Puntualmente, los que deberán rendir cuentas a la entidad son Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 29 clubes de fútbol profesional colombiano.
De acuerdo con la SIC, la estrategia adelantada por los agentes investigados se enfoca en cuatro actuaciones específicas.
La primera de ellas -dice la entidad- sugiere que los clubes de fútbol investigados, con la participación de la Dimayor, habrían estandarizado cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras.
Recomendado: Discriminación sigue siendo la mayor barrera para el fútbol femenino en Colombia
Allí, los clubes habrían acordado que los contratos estarían vigentes únicamente por un término igual al de la duración de la Liga Profesional Femenina de Fútbol. Como históricamente esa competición ha durado entre uno y cuatro meses y se ha realizado una vez al año, las jugadoras solo tendrían contrato laboral y recibirían remuneración por ese periodo.
De otro lado, los clubes investigados, con la participación de la FCF y la Dimayor, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino.
Según la SIC, para eso habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración. El objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras profesionales únicamente recibieran el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tuvieran una remuneración de $4.500.000 mensuales.
“La suma de estas conductas habría significado para las jugadoras recibir un salario cercano al mínimo legal por un tiempo no superior a 4 meses y una sola vez al año”, indicó la SIC.
Más sobre la investigación al fútbol profesional femenino
De otro lado, la Superintendencia reveló sobre la investigación al fútbol profesional femenino que la FCF y la Dimayor, con el conocimiento de los clubes investigados, habrían sido renuentes a recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia.
“La explicación de esa renuencia en realidad habría sido que la recepción y la utilización del dinero público habría implicado que las instituciones quedaran sujetas a la vigilancia y auditoría de los entes de control”, aclaró la SIC.
Finalmente, la autoridad investigadora encontró que la Dimayor celebró un contrato con WIN Sports para la transmisión de los torneos organizados por la Dimayor.
Las condiciones establecidas en ese acuerdo habrían perjudicado el desarrollo del fútbol profesional femenino porque estipularon la obligación de transmitir 10 partidos de fútbol de las competiciones masculinas y solo uno de los partidos de la Liga Profesional Femenina.
Y sumado a esto, se pactó que el partido de la liga femenina podía reemplazarse por cualquier otro, incluso por los de las competiciones de fútbol masculino.
