La inversión gubernamental en la gestión de la migración de los venezolanos en Colombia generará impactos positivos en la economía del país a mediano plazo, así lo determinó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante un foro virtual que se realizó este viernes.
La discusión se da en un escenario en el que está por entrar en vigor el Estatuto de Protección para Migrantes, al que los 1,7 millones de ciudadanos de ese país que viven en el territorio nacional podrán inscribirse, a partir del cinco de mayo.
El fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela se agudizó en 2015, empujado por la emergencia humanitaria compleja que vive esa nación, por la que poco más de 5,6 millones de personas se han desplazado buscando nuevas oportunidades.
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Colombia es el principal destino de esa migración. Incluso, es el segundo territorio que más desplazados internacionales recibe a través de sus fronteras, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En ese contexto, el Gobierno está invirtiendo en fortalecer las capacidades institucionales para ampliar las posibilidades de atender a las poblaciones vulnerables, entre las que están algunos migrantes. También se inyectan recursos en gestiones administrativas como las del Estatuto de Protección.
“Esa inversión va a tener retornos positivos en el mediano plazo. Entre 2017 y 2020 el impuesto a la renta que pagan los venezolanos se multiplicó por seis”, afirmó Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, citando cifras del Banco de la República que indican que ese monto pasó de $70.000 millones a alrededor de $380.000 millones.
“Eso es pequeño comparado con el impacto fiscal que tiene atenderlos, hay estimaciones de entre 0,2 y 0,4 puntos del PIB (…) Pero estamos invirtiendo para a mediano plazo tener retornos en capital humano, demografía, mercado laboral e inversiones”.
Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, apuntó que “la migración puede ser un ancla para el desarrollo si tenemos a las personas en condiciones regulares”. Mientras que Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, manifestó que el camino para integrar a los venezolanos es su vinculación al empleo formal.
En Colombia se han realizado diversos estudios que comienzan a evidenciar cómo esta población empieza a tener un rol más destacado en la economía, en puntos como la contribución al gasto de los hogares o la mayor productividad, porque casi 1,2 millones de esas personas están en edad de trabajar.
En otros términos, alrededor del 70 % de la población migrante puede integrarse a la fuerza productiva. En ese segmento, cerca de 627 mil personas tienen entre 18 y 29 años, una evidencia de cómo Venezuela está perdiendo el bono demográfico por la migración, mientras que los países receptores de ese fenómeno reciben sus beneficios.
El 1 % de los venezolanos vinculados al sector productivo en Colombia son empleadores, quienes han creado 1.259 empresas, de acuerdo con cifras citadas en el foro del DNP.
Álvaro Santos Pereira, director de la División de Estudios de Países de la Ocde, resaltó la importancia de fomentar la integración laboral, una de los pasos que facilitará el Estatuto de Protección, que les servirá como un documento válido para trabajar de manera formal.
Gracias al Estatuto, Colombia se convirtió en el primer país en desarrollo en implementar un instrumento de ese tipo para regularizar de forma masiva a la población extranjera, un paso que han dado naciones como Estados Unidos en la gestión de la migración internacional.
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