Laura Marcela Olier Martínez, procuradora 25 judicial II administrativa, como agente del Ministerio Público, interpuso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un incidente de desacato en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, por incumplimiento en los nombramientos en firme de los expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Obligaciones que quedaron plasmadas en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, el 25 de enero de 2024 que fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia del 2 de mayo de 2024.
Lo más relevante:
Estas eran las obligaciones:
“PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de cumplimiento del literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
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SEGUNDO: ORDENAR, en consecuencia, que dentro de los de treinta (30) días siguientes a la notificación de la sentencia, si aún no se ha hecho, se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG con seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años.
TERCERO: PRECISAR que las personas en quienes recaerá el nombramiento son de elección exclusiva del señor presidente de la República y por lo tanto no se ordena nombrar “a los miembros que actualmente están designados en encargo” sino designar en propiedad a quienes el presidente determine; y que los nombramientos en propiedad se realizarán una vez los actuales encargos pierdan vigencia puesto que son actos administrativos que no han sido suspendidos ni anulados.
De acuerdo con el documento de la Procuraduría, la sentencia del Consejo de Estado -que confirmó la sentencia de primera instancia- se notificó el día 6 de mayo del año en curso.
Por ello, los 30 días hábiles con que contaba el Gobierno para proceder a cumplir el mandato imperativo de nombrar en propiedad a los expertos que conforman la CREG -como lo ordenó las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado- vencieron el jueves 20 de junio de 2024 y, a la fecha, el presidente Petro no ha efectuado la designación de los nuevos comisionados.
Como se sabe, en la actualidad de los seis cargos solo se han provisto dos cargos en propiedad, dos expertos continúan en encargo y los otros dos cargos se encuentran vacantes.
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“Los funcionarios que se encuentran en situación administrativa de encargo, sin dedicación exclusiva y sin separarse de las funciones de sus cargos fueron designados así: dos de ellos (Orlando Velandia y Baisser Antonio Jiménez) el dos de abril por tres meses, lo que significa que el 2 de julio se vencieron los encargos, siendo nombrado en propiedad el doctor Baisser Antonio Jiménez Rivera en el empleo de experto comisionado de la CREG; y el otro funcionario, doctor Manuel Peña, fue nombrado en encargo el 11 de abril, lo que significa que el 11 de julio vence el encargo”, cita el documento del ente de control.
De acuerdo con la entidad, no se evidencian gestiones por parte de la cartera ministerial de minas y energía, ni por la Presidencia de la República para la provisión de los cargos en propiedad que se encuentran siendo desempeñados en encargo, ni se han publicado las hojas de vida de los posibles aspirantes.
En cuanto a las dos vacantes definitivas que aún existen, la Procuraduría alega que ya debieron haber sido provistas con los nuevos expertos, desde el pasado 20 de junio cuando se venció el término otorgado por este Tribunal Administrativo. “En consecuencia, no se evidencia por cuenta de los accionados gestión alguna dirigida a cumplir con este mandato judicial proveyendo la totalidad de las vacantes”.
El seguimiento de la Procuraduría
Según la entidad, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios efectuó un requerimiento dirigido al presidente de la República, a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, al ministro de Minas y Energía y al director Ejecutivo de la CREG, en el cual se les solicitó remitir los actos de nombramiento de los seis expertos en asuntos energéticos -por un periodo de cuatro años de dedicación exclusiva- para integrar la Comisión, como lo ordena la sentencia.
También se les requirió para que allegaran a la Procuraduría las gestiones adelantadas para dichos nombramientos, incluyendo las constancias de publicación de las hojas de vida de los designados, como lo dispone el decreto 1083 de 2015.
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“Para responder este requerimiento se les concedió un plazo de cinco días hábiles que venció el día de ayer (2 de julio), sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna por parte de Presidencia de la República, Ministerio de Minas y Energía y DAPRE”, dice el documento.
En línea con la entidad, únicamente se recibió la respuesta del presidente ejecutivo de la CREG en el sentido de señalar que carece de competencia para el cumplimiento de la orden judicial.
“(…) me permito indicar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no tiene competencia en relación con los nombramientos de sus Expertos Comisionados. Esta competencia recae exclusivamente en el Ministerio de Minas y Energía y en el señor presidente de la República, a quien usted también ha dirigido la solicitud en cuestión”, respondió el líder de la CREG.
Consulte aquí el documento completo de la Procuraduría.
