En el más reciente Informe de Gas Natural, con corte a 2022, Promigas expuso una serie de elementos que el Gobierno de Colombia y el sector deberían tener en cuenta para garantizar la seguridad y autosuficiencia energética: entre ellas la importación de gas de Venezuela.
“Desde el momento en que el Gobierno Nacional anunciara a través de varios de sus funcionarios, la posibilidad de importar gas desde Venezuela, se abrió el debate y muchos agentes del sector anunciaron sus críticas a esta intención de política energética, aduciendo las implicaciones que conllevaría perder la autosuficiencia energética y los incrementos en el precio a usuarios finales que se estiman”, cita el informe.
Y es que esta idea se reforzó como consecuencia de la reducción de las reservas -según el reporte de 2022- y la oferta local del gas tras la implementación de la política antes tratada: la no asignación de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Para el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, es necesario explorar la posibilidad de traer gas de Venezuela. “No debemos cerrarnos esa puerta, todas las opciones y alternativas deben estar sobre la mesa porque debemos garantizar la sostenibilidad de la matriz energética de los colombianos”.
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Rojas se refiere a recursos internos -el autoabastecimiento- tanto continentales (costa adentro) y en el Caribe colombiano (off shore y/o costa afuera), pero también a las posibilidades de seguir importando gas: tanto desde la regasificadora SPEC, la posible Regasificadora del Pacífico y por el gasoducto que hay entre Venezuela y Colombia.
“Solo pensar en viabilizar esta opción pone de presente que transcurridos más de 18 años de la firma del acuerdo (2004) con el que se dio paso a ello, el vecino país aún no cumple con los requisitos inicialmente pactados”, destaca el Informe.
Agrega que, desde mediados de 2015, «cuando se dieron por terminadas las exportaciones de gas de Colombia a Venezuela, el país quedó a la espera de que estos flujos se revirtieran y así poder incorporar ciertas cantidades de gas a la oferta nacional”.
Según el documento, el inicio de estas importaciones se fue dilatando en el transcurso de los años por diferentes motivos expuestos por el Gobierno venezolano y su estatal PDVSA:
- Primero, aspectos climáticos (fenómeno de El niño), después técnicos
- Segundo, la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos gobiernos a mediados de febrero de 2019, restablecidas en agosto de 2022
Aunque la propuesta se deja sobre la mesa, el Informe de gas natural también dice que, a junio de 2023, no se tiene certeza de cuándo podrían comenzar las importaciones y mucho menos aspectos importantes como volúmenes a suministrar y metodología para la fijación de precios.
De hecho, recientemente, en entrevista con Valora Analitik el ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, aseguró que, por ahora, no está contemplada la importación de gas de Venezuela y aclaró que “nunca ha sido una opción”.
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Infraestructura construida para la importación de gas natural de Venezuela
Para esta operación PDVSA construyó el gasoducto Antonio Ricaurte, inaugurado en octubre de 2007, por los presidentes: Álvaro Uribe y Hugo Chávez, con la apertura de la válvula en el campo Ballena, en La Guajira colombiana.
Este gasoducto tiene una longitud de 224,4 km, de los cuales 88,5 km son en territorio colombiano, una capacidad de 500 Mpcd y la inversión fue de US$335 millones.
De acuerdo con el Informe, esta operación de comercio internacional de gas entre Colombia y Venezuela, desde un principio, resultó muy atípica por las aristas que de ella se desprendían.
La principal particularidad de este acuerdo de suministro radicó en su estructura a dos tiempos: Colombia comenzaba exportando gas a Venezuela por cuatro años (2008-2011), para luego revertir estos flujos a partir de 2012, cuando Venezuela pasaba a exportar gas a Colombia durante 16 años.
Con este acuerdo, en teoría, se vislumbraba una relación “gana–gana” para ambos países. Por un lado, Colombia colocaba su excedente de producción y se preparaba para cubrir su déficit de gas, proyectado, en ese entonces para 2018.
Y, por otro, Venezuela no solo cubría parte de su déficit, sino que aseguraba mercado para su gas natural proveniente de proyectos en desarrollo que, según estimaciones de PDVSA, estarían en su etapa productiva en 2012.
En el cuadro anterior se aprecia cómo fue el comportamiento de las exportaciones de gas hacia Venezuela durante los 7,5 años que se dieron, aun cuando en principio solo estaban proyectadas para cuatro años.
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En él se observan precios de venta y volúmenes entregados, los cuales, cuando se contrastan con los volúmenes comprometidos para cuatro primeros años, verifican la totalidad de los cumplimientos, aun con cantidades excedentes. Para la fijación del precio de este gas exportado a Venezuela se tomaba como referencia el precio en boca de pozo del gas de La Guajira.
Situación actual
De acuerdo con el InfoGas 2023, para Colombia, importar gas de Venezuela es y será siempre una posibilidad latente de la cual no puede abstraerse el sector.
Los reparos a esta política nacen cuando «se intenta forzar y anticipar en el tiempo dichas importaciones como consecuencia de la negativa de otorgar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, poniéndole freno a la inversión en el sector y, por ende, a la producción nacional de gas».
El documento asegura que, más allá de la situación política y de las dificultades en materia económica que vive el vecino país desde hace más de una década, en el mediano y largo plazo lo que debería primar es la ley de oferta y demanda, y, tal como lo vaticinan muchos expertos del sector gas del continente, tarde o temprano Venezuela está llamada a ser el gran abastecedor de gas natural, no solo de Colombia, sino de toda la región.
Ahora bien, aun cuando, la saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en sus primeras declaraciones después de su posesión, afirmó que, si llegase a escasear el gas natural en Colombia, Venezuela sería una opción para comprar, existe una serie de reparos e interrogantes que ponen en entredicho la viabilidad de esta opción antes de por lo menos cuatro años.
Entre los reparos e interrogantes que surgen están, por un lado, los aspectos intrínsecos de las importaciones como tal, y, por otro, cuál sería el impacto para los usuarios del país de tener que pagar por un gas comprado en el exterior.
Lo primero, tal como se observa en el cuadro anterior, el Informe aclara que, hasta el momento, Colombia nunca ha comprado gas venezolano, y entre los deberes que se necesita para ello están:
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En Venezuela:
- Adecuar las condiciones de la calidad de la molécula de gas porque no cumple con los estándares para entrar al SNT de Colombia, básicamente, retirar CO2 y subir la presión y el punto de rocío.
- Desarrollar nueva infraestructura que conecte los campos de producción de gas natural que se encuentran al oriente del país con el gasoducto Antonio Ricaurte en Maracaibo (Zulia), en el occidente venezolano.
- Ejecutar millonarias inversiones que permitan una readecuación del gasoducto Antonio Ricaurte, inactivo desde 2015, para una eventual exportación a Colombia.
En Colombia:
- Adquirir y adecuar los equipos y redes que harían posible estas importaciones. Su desarrollo tomaría al menos cuatro años de la mano de millonarias inversiones.
- El gasoducto, también denominado Transcaribeño, con una extensión de 225 km, 89 de ellos en territorio colombiano, pasa por una zona con más de 60 comunidades Wayuú que se han opuesto a la obra y exigen nuevas consultas previas.
En Colombia:
En lo que hace referencia al tema del precio que se estaría pagando por el gas proveniente de Venezuela, existe mucha incertidumbre, dado que, al parecer, contractualmente no se definió una metodología específica para ello.
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No obstante, en septiembre de 2022, Naturgas advirtió que el impacto en el precio final a los usuarios residenciales con este gas importado podría llegar a ser hasta cinco veces mayor frente al valor actual.
