El Gobierno de Donald Trump envió una fuerte carta al Ministerio de Comercio de Colombia -en cabeza, temporalmente, de Cielo Rusinque- en la que insta al país a desistir de un proyecto que impactaría las exportaciones de vehículos que actualmente realiza Estados Unidos (EE. UU.) al país, lo que, como dice el documento “pondrían en riesgo la cooperación mutua”.
Según lo expresado en el documento firmado por el vocero de la Casa Blanca, Jamieson Greer, las regulaciones automotrices que Colombia se dispone a implementar pondrían en riesgo US$700 millones en exportaciones anuales de automóviles estadounidenses.
“Si Colombia no corrige esta situación, podría resultar en el cese total de las importaciones de automóviles de EE. UU. desde el 2 de mayo, fecha de entrada en vigor de las primeras regulaciones”, se lee en el texto.
¿A qué hace referencia Estados Unidos?
A pesar de haber sido dirigido al Ministerio de Comercio, la misiva del gobierno Trump hace referencia a un proyecto de resolución del Ministerio de Transporte (que terminó su fase de comentarios el pasado 13 abril) en el que se busca que los vehículos importados que ingresen al país tengan una certificación de origen del sistema de frenado avalada por los estándares de la ONU.
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De acuerdo con el proyecto -y entendiendo la relación como principal socio comercial- en el pasado se hizo una excepción a EE. UU. sobre el tema, pues las certificaciones de los frenos de los vehículos de ese país que llegaban a Colombia las daba un auditor estadounidense y no un organismo avalado internacionalmente, lo que para los Ministerios de Comercio y Transporte se ajustaba a la normatividad nacional.
Así las cosas, con la nueva normativa que implementaría el MinTransporte se empezaría a exigir a EE. UU. demostrar el origen del sistema de frenado de sus vehículos no solo bajo los estándares FMVSS (que son su propia auditoría), sino también bajo la normativa internacional, que es la que avala el Ministerio de Comercio.
Para el Gobierno estadounidense el “cambio que Colombia quiere introducir no estaría en concordancia con los parámetros de seguridad de EE. UU. y eso configuraría una práctica comercial injusta que propiciaría una acción rápida por parte de los Estados Unidos”.
“La insistencia de Colombia en cambiar los requisitos de certificación para vehículos y componentes que cumplen con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados de EE. UU. (FMVSS, por sus siglas en inglés), sin proporcionar evidencia alguna de que el método actual para demostrar la conformidad con las FMVSS de EE. UU. no cumple con los objetivos de seguridad y rendimiento de Colombia, constituye una práctica comercial injusta que podría dar lugar a acciones de cumplimiento por parte de Estados Unidos”, expone el documento.
En la carta de Greer se habla, inclus,o de que eso “generaría efectos negativos en la relación bilateral en el intercambio comercial, pero también para los consumidores internos colombianos por un posible incremento de precios”.
Además, se cita que Estados Unidos, junto con Argentina, Brasil, Canadá y México, “compartieron ejemplos de cómo otros socios comerciales aceptan exitosamente importaciones de automóviles y autopartes producidos bajo las normas FMVSS o las de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas” por lo que no están de acuerdo con la norma que busca implementar Colombia.
Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial de Colombia frente al tema, el proyecto de resolución expone que a partir de mediados de mayo empezaría a exigirse la reglamentación.
Las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos
Esta situación se da en medio de la negociación entre Colombia y EE. UU. por el tema arancelario sobre la cual el Gobierno Nacional radicó el pasado viernes 11 de abril dos cartas ante el mandatario estadounidenses en las que manifestaba su intención de avanzar en las negociaciones sobre los aranceles recíprocos que fueron impuestos a varios países del mundo y que, en el caso particular del país, afectaron con un gravamen de 10 %.
Aunque Colombia tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2012 con EE. UU., que permite que muchos productos entren con arancel 0 % a este país, las nuevas medidas comerciales subirían ese porcentaje a 10 %.
El gobierno de Donald Trump se encuentra conversando en la actualidad con más de 130 países que manifestaron su voluntad de llegar a acuerdos sobre los impuestos recientes. Entre este grupo se encuentran naciones con gravámenes superiores a 10 %, así como países a los que les fue impuesto el arancel mínimo.
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