El pasado 22 de mayo el Gobierno de Colombia expidió el decreto 659, con el que se buscaba modificar algunos puntos del actual estatuto aduanero del país para, entre otras cosas, eliminar las actividades de contrabando en el comercio.
Y es que el Ejecutivo estima que el costo de esta economía ilícita se encuentra actualmente en alrededor de $6 billones al año.
Para la implementación del decreto, sin embargo, eran requeridas unas precisiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ya que, si bien muchos consideran que la medida tiene un génesis positivo, hay aspectos que estarían perjudicando a importadores.
Dicho esto, han pasado cinco meses desde la expedición del decreto y algunos puntos como la declaración anticipada no han entrado en vigor. ¿Pero entonces en qué va la medida?
Como explica Martín Ibarra, socio y presidente de la firma Araujo Ibarra, el 24 de octubre, la DIAN publicó un proyecto de resolución, mediante la cual se modificaría la reglamentación aduanera para implementar los procedimientos aduaneros soportados en los nuevos sistemas informáticos electrónicos.
Este sería precisamente el primer paso para poder implementar los artículos faltantes del Decreto 659 de 2024. “Recordemos que para que pueda implementarse la totalidad del Decreto, la DIAN debe certificar la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos”, dijo.
A partir de las conversaciones con el sector privado, la autoridad aduanera expidió una nueva Resolución (185), que responde a la necesidad de hacer algunos ajustes a la reglamentación. El proyecto, sin embargo, aunque actualmente está abierto para comentarios, sigue teniendo reparos de algunos sectores.
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“Esta resolución trata de corregir o dar claridad sobre algunos aspectos del Decreto 659, sin embargo, no resuelve buena parte de los problemas generados por el decreto 659, en nuestra consideración se requiere un nuevo decreto modificatorio que resuelva los inconvenientes generados. En el entretanto se requiere que la DIAN convoque a mesas de trabajo y que dé claridad sobre la interpretación y aplicabilidad sobre la resolución”, manifestó Javier Díaz, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
¿Cuáles son los ‘pros’ y ‘contras’ del nuevo estatuto aduanero en Colombia?
Como explica Mario de la Puente, director del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Del Norte y del observatorio de Comercio Internacional de la misma institución, el Decreto 659 de 2024 es una medida orientada a modernizar y optimizar el régimen aduanero en el país.
“Entre sus principales puntos destacan la simplificación de los procedimientos para la importación y exportación, la digitalización de procesos, y la implementación de medidas de control más rigurosas para asegurar el cumplimiento normativo”, explica el experto.
En cuanto a la Resolución 185 de octubre de la DIAN, esta especifica directrices operativas y administrativas que buscan mejorar la eficiencia en los trámites aduaneros, además de promover la transparencia y combatir la evasión fiscal.
Para Analdex, la declaración anticipada implicaría una carga operativa en los sitios de arribo de las mercancías.
Analistas como Alejandro Escobar, gerente de Sectorial.co, destacan que la Resolución tiene varios elementos que van a mejorar el comercio exterior. “Por ejemplo, en ella se habilita que se puedan hacer depósitos de materiales en puerto, permitiendo una mejor gestión del suministro. Hay nuevos elementos para el flujo de información, donde se pueden tener más datos sobre las horas de zarpe de un buque o el despegue de un avión. También detalla elementos asociados a la liquidación de tributos y se pueden gestionar descripciones cerradas en algunas de las declaraciones”, afirmó.
No obstante, dice que el problema radica es en el decreto en sí mismo, pues hay algunos detalles con los que el importador podría perder.
“Ayuda el tema de declaración anticipada, pero también son muy fuertes las sanciones si no se cumple y se están poniendo más sanciones a unos trámites puntuales para el usuario de trámite simplificado o el operador económico autorizado. Entonces en vez de simplificar, el importador va a necesitar más asesoría”, detalló Escobar.
Precisamente, desde hace varios meses Analdex ha dicho que la preocupación está en si esa declaración anticipada implicaría una carga operativa en los sitios de arribo de las mercancías. Y de hecho ha cuestionado si la DIAN, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) están preparados para esa operación.
¿Qué ha entrado en vigor y estaría afectando a los empresarios?
Si bien los grandes cambios contemplados en el estatuto aduanero, como la implementación de la declaración anticipada obligatoria, no han entrado en vigor aún, hay otras disposiciones que sí han tenido que requerir ajustes en las operaciones de las empressa dedicadas al comercio exterior.
“Las operaciones desde zona franca tuvieron un reto inmediato al tener que implementar declaraciones aduaneras en sus operaciones de exportación, cuando la Resolución reglamentaria (Resolución 95 de 2023) fue expedida el día anterior a la entrada en vigor de la nueva obligación. Además, se presentaron situaciones que debieron ser corregidas mediante la última Resolución 185”, expuso Martín Ibarra.
Al respecto, el presidente de Analdex comentó que “esa resolución ha generado traumatismos en las operaciones de zona franca, en donde la falta de unidad de criterio en las direcciones seccionales ha complicado las operaciones, también está castigando las eficiencias administrativas, operativas y logísticas”.
¿Qué viene?
En una reunión con gremios e 15 de julio, la DIAN presentó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un cronograma en el que se estipulaba que las pruebas de los sistemas informáticos aduaneros arrancaban en octubre de este año, cosa que no sucedió.
Por consiguiente, se dijo que el plan de acción tomaría hasta finales de junio del año 2025. Recordemos que para implementar la totalidad del decreto 659 son necesarios los nuevos sistemas informáticos.
De acuerdo con Analdex, la Procuraduría citó a una nueva reunión para el 25 de octubre del año en curso, a la que el gremio planea llegar con varias preocupaciones.
“La DIAN expidió la resolución 097 de junio 6 de 2024, publicado para comentarios el 30 de mayo y expedida el mismo 6 de junio, con cinco horas de antelación a la entrada en vigencia del decreto 659 en el que no hubo términos amplios para generar las discusiones y debates y las consecuencias ya se han visto”, relató Díaz.
Sumado a esta reunión, el gremio resalta que también faltaría la comunicación por parte de la DIAN formalizando agenda de trabajo para lo que resta del año, en especial para discutir el proyecto de reglamentación.
