Este lunes está programado en Cámara de Representantes el octavo y último debate para discutir el proyecto de acto legislativo que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) con el fin de fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios de Colombia.
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La principal modificación que implicaría el proyecto, en caso de ser aprobado por el Congreso y convertirse en ley, es que aumentaría el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se asignan cada año al SGP del 22 % actual al 39,5 % en un trascurso de 12 años, una proporción que para muchos es incompatible con las finanzas de la Nación.
A pesar del esfuerzo del Gobierno, los autores y ponentes por despejar dudas y dar tranquilidad frente al impacto de la propuesta, algunos analistas se mantienen en que los riesgos fiscales siguen en gran medida sin abordarse.
Andrés Pardo, jefe de macroestrategia para Latinoamérica en XP Investments, cree que el proyecto de ley se debate en un momento muy desfavorable para las finanzas públicas y con un enfoque equivocado: “el primer paso debería haber sido determinar qué responsabilidades de gasto pueden y deben transferirse a las regiones, seguido de ajustes en la transferencia de ingresos”.
Esto en referencia a la necesidad de que se tramite en el Congreso otra ley que especifique las competencias, los sectores, las brechas sociales y económicas de las regiones, así como las capacidades de las entidades territoriales, para lo cual el Gobierno tendría entre 6 y 12 meses de plazo, según lo consignado en el proyecto de acto legislativo.
“Dejar esto para una ley posterior aumenta significativamente los riesgos fiscales porque la capacidad del gobierno central para implementar ajustes fiscales cuando sea necesario se verá limitada y una mayor proporción del gasto se trasladará a las regiones, lo que reducirá significativamente la flexibilidad fiscal del gobierno central”, dijo Pardo.
Lo anterior, según el economista, quien se desempeñó como viceministro de Hacienda, aumenta la probabilidad de incumplimiento de la Regla Fiscal, una trayectoria de deuda más alta, una mayor carga de intereses en la deuda pública y un crecimiento más débil de la economía en el mediano plazo, lo que también afectaría negativamente los ingresos tributarios.
La nueva ley, en caso de ser aprobada, también podría implicar aumentos impositivos desproporcionados en futuras reformas fiscales, pues cada $100 que el gobierno central necesitaría recaudar en ingresos adicionales se transformarían en $166, ya que el 39,5 % debe transferirse a las regiones.
El plazo para discutir la ley de competencias podría ocupar hoy la mayor parte de la discusión. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes modificó este tiempo en el séptimo debate al llevarlo de 6 a 12 meses.
Sin embargo, el representante Carlos Ardila se la jugó por omitir este cambio en su ponencia y mantenerse en los seis meses del penúltimo debate. Según Pardo puede resultar poco realista esperar que se complete en un período tan corto.
Otros cambios que se hicieron al articulado
La última versión del articulado, que llega a la Plenaria de la Cámara a través de la ponencia del representante Carlos Ardila, señala que la transferencia de recursos y responsabilidades entre el gobierno central y las entidades regionales ahora debe ser “gradual, simultánea y equivalente”.
Esta anotación, que establece explícitamente aspectos cruciales de simultaneidad y equivalencia, podría derivar en una mejora significativa, aunque no por ello tendrá un impacto importante, según Pardo.
También especifica que las transferencias también deben ser “compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal (…) y no deben comprometer el marco constitucional de sostenibilidad fiscal”. Además, detalla que la posterior ley de competencias debe obtener la aprobación del Ministerio de Hacienda.
Para Pardo, esto resulta redundante, ya que todos los proyectos de ley iniciados por el gobierno requieren aprobación fiscal, lo cual depende de su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Ley de Presupuesto.
Otro punto nuevo le apunta a que cada Ley de Presupuesto debe especificar los gastos que dejarán de ser responsabilidad del gobierno central y serán transferidos a los gobiernos regionales.
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