El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó este martes que no será posible encender las primeras turbinas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) antes del próximo 30 de noviembre de 2022, como estaba inicialmente previsto.
De acuerdo con Quintero, el anuncio está impulsado tras la reciente decisión del Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, de evacuar a las comunidades aguas abajo antes de la entrada en operación de la hidroeléctrica.
De acuerdo con información de El Colombiano, el alcalde Daniel Quintero manifestó que, aunque Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene todo listo para entrar en operación -para lo que no sería necesario evacuar a las comunidades-, la empresa y el proyecto deberán someterse a la decisión de evacuación que tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Ante el actual panorama y a la nueva directriz de la administración nacional, el mandatario municipal pidió tener en cuenta este nuevo episodio a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que -con base a la instrucción de la Ungrd a la que debe someterse Hidroituango-, de esta manera no se sancione a EPM por el retraso en la entrada en operación.
¿Cuándo inicia Hidroituango?
Posteriormente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, precisó que la nueva fecha de entrada en operación -en la que se encenderán las turbinas uno y dos del proyecto energético- deberá ser fijada por la Presidencia de la República de Colombia, a raíz de su nueva instrucción de evacuación de las comunidades que viven aledañas al complejo.
“Necesitamos que Hidroituango empiece a generar ya, porque eso le baja 30 millones de toneladas de presión al vertedero cada día”, indicó el mandatario local de acuerdo con El Colombiano.
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Además, Quintero manifestó su contento frente a la posición del presidente Gustavo Petro de extender los plazos para poder encender las turbinas que generarán la energía eléctrica.
De manera que EPM estaría evitándose la sanción y cobro de garantías, por casi $900.000 millones, que la CREG cobraría por el incumplimiento de las fechas previstas inicialmente para el 30 de noviembre de este año.
