La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo hoy que los retrasos en los proyectos minero-energéticos de todo el país pueden tener consecuencias económicas.
«Los proyectos están tomando mucho más tiempo para la ejecución de la que estaba planeado. En el sector eléctrico hay 35.000 empleos en juego y más de US$5.000 millones de inversión», dijo la ministra.
Explicó que en todo el sector minero-energético hay más de 80.000 empleos en riesgo por los proyectos retrasados, impactados principalmente por fallos judiciales y oposición de comunidades indígenas en las zonas de influencia de estos.
«Tenemos que asegurar que el bienestar general prima sobre el bienestar particular. Cuando no hay redes de transmisión no se lleva la energía más barata. Hemos pasado de $32 kilovatio hora a $18 kilovatio hora el valor de restricciones, pero eso no es suficiente», dijo.
Añadió que en los más recientes cuatro años ha habido 146 proyectos que tuvieron que cambiar su fecha de inicio de operación.
«La oportuna ejecución de las obras de energía es fundamental para la prestación de un mejor servicio y para el bolsillo de los usuarios», finalizó.
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