Asistir a las asambleas de copropietarios es una obligación a la que están sometidos quienes son dueños de propiedades en conjunto residencial o edificio, ya que, de no hacerlo, puede incurrir en multas, que pueden llegar a costar el valor de una cuota de administración.

Este tema ha generado un amplio debate, donde se contrastan la necesidad de participación activa en la gestión de la copropiedad y el respeto por los derechos individuales de los propietarios.

Para mitigar este problema el proyecto de ley 122 de 2024 propone que haya una regulación equilibrada sobre las sanciones por inasistencia a estas asambleas. El objetivo es evitar abusos y garantizar que las multas se apliquen de manera equitativa, respetando el debido proceso y los derechos de los propietarios. Este proyecto busca modificar el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, introduciendo medidas específicas para regular estas sanciones.

Propuestas del proyecto de ley en inasistencia de copropietarios en asambleas

El proyecto de ley incluye un sistema de sanciones progresivas que contemplan en primera instancia un llamado de atención por la inasistencia a la asamblea. Esta tendría un registro de advertencia formal en el acta que corresponda.

En caso de que esta se presente por segunda vez, y no sea justificada, se aplicaría una multa equivalente al 50 % del valor de la cuota de administración. En dado caso que las inasistencias sean constantes, la sanción sería del valor total de una cuota de administración.

Asimismo, otorgar facilidades de pago a los propietarios sancionados para que puedan hacer la solicitud de fraccionamiento de multas y así minimizar el impacto en su economía.

En este contexto, el proyecto también establece que los propietarios podrán evitar estas sanciones otorgando un poder formal a otra persona para que los represente en la asamblea, una práctica que ya está permitida en la normativa vigente.

Recomendado: ¿Cuáles son los canones de arriendo en Bogotá?

Los promotores del proyecto destacan que esta iniciativa tiene como meta retraer las ausencias injustificadas y fomentar la participación activa en la toma de decisiones de la copropiedad. Sin embargo, también busca evitar que las multas afecten desproporcionadamente a los propietarios, garantizando un equilibrio entre el cumplimiento de las normas y el respeto por las circunstancias individuales.