Desde el Congreso de la República, en un hecho que alegrará a los motociclistas en Colombia, Efraín Cepeda, presidente del Senado, ha sancionado la ley que evita la inmovilización de motocicletas en ciertas infracciones de tránsito.
Con la entrada en vigor de la Ley 2435 de 2024, se introducen modificaciones al Código Nacional de Tránsito, especialmente al artículo 131 de la Ley 769 de 2002. Esto implica que a muchos motociclistas ya no se les podrá inmovilizar el vehículo por determinadas faltas.
Infracciones que ya no causarán inmovilización
Entre las infracciones que tradicionalmente generaban comparendos e inmovilización se encuentran:
- No portar el casco.
- Realizar maniobras peligrosas.
- No detenerse en un semáforo en rojo o en una señal de “Pare”.
- Circular en contravía.
- Adelantar en zonas peligrosas.
Aunque estas faltas ya no conllevan la inmovilización del vehículo, seguirán siendo sancionadas con multas económicas significativas, que podrían alcanzar el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
El presidente del Senado calificó esta medida como un avance hacia una mayor equidad en las regulaciones de tránsito. Según sus palabras, “con esto se nivela las condiciones entre conductores de motos y de vehículos, eliminando desigualdades. Ahora, el reto es fomentar una cultura responsable que reduzca los accidentes y garantice la seguridad”.
Por su parte, Alejandro Vega, senador y proponente de esta iniciativa, destacó que más del 90 % de los motociclistas utilizan su vehículo como herramienta de trabajo. Añadió que las sanciones anteriores obligaban a los conductores a asumir costos desproporcionados por concepto de parqueaderos, grúas y otros gastos relacionados, lo que representaba una carga excesiva.
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Impacto y objetivos de la reforma
Esta reforma busca eliminar prácticas que resultaban injustas para los ciudadanos, especialmente para quienes trabajan en la informalidad. Además, pretende promover una mayor conciencia sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito. Los legisladores han enfatizado que estos cambios no deben interpretarse como un llamado a la impunidad, dado que las sanciones económicas se mantienen. Paralelamente, se reforzarán las campañas educativas con el objetivo de reducir las imprudencias viales y garantizar la seguridad en las carreteras.
