Los voceros de los gremios económicos y centros de estudio presentaron críticas puntuales al proyecto de ley de financiamiento, su objeto y la mayoría de las propuestas que conforman el articulado.
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Las intervenciones, que se hicieron durante la audiencia pública convocada este jueves por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, calificaron la iniciativa de inconveniente e inoportuna porque pone en riesgo las finanzas del Estado en un momento en el que el crecimiento económico no es fuerte.
El centro de investigación económica y social Fedesarrollo estima que hay un faltante cercano a $36 billones en el presupuesto de 2025. Sin embargo, considera que no es el momento de dar la discusión. “Todavía estamos viendo los efectos de las últimas dos reformas tributarias, que fueron muy duras con el aparato productivo y los hogares. Aumentar la tributación en esta coyuntura puede echar al traste la recuperación económica”, resaltó el director, Luis Fernando Mejía.
Así mismo, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, cuestionó que se esté pensando en aumentar el gasto del Gobierno cuando las finanzas públicas están en una situación delicada desde hace tres años. “Tres de cada diez pesos de lo que produce Colombia se los gasta el Estado y esos recursos, que se le quitan al resto de la economía, han crecido significativamente”, dijo.
También advirtió que proyectos como la reforma a la salud y también al Sistema General de Participaciones (SGP) se deben mirar con detalle porque podrían contribuir a generar una crisis de insolvencia que no se ha visto en los últimos años: “Hay un inmenso riesgo de acercar a Colombia a una recesión, llevar a los hogares más dificultades y profundizar la crisis de las empresas en sectores fundamentales para la supervivencia del aparato económico, la generación de empleo y las finanzas del Estado”.
En ello coincidió la directora del Consejo Gremial Nacional, Sandra Rodríguez, que une más de 32 organizaciones de empresarios, quien además aseguró que no entiende por qué se buscan recursos adicionales cuando ni siquiera se han ejecutado los de este año. “No es conveniente en este momento presentar una ley de financiamiento por la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación, incluso hay sectores por debajo del 50 %”, detalló.
También pidió prudencia frente a las implicaciones del proyecto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y respecto a la posibilidad de que se pongan en riesgo las finanzas en el corto y mediano plazo, más cuando este año hay dudas sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal. “Esto tiene un efecto sobre tasas de interés y el mercado de capitales, por la incertidumbre en las inversiones, que se termina pagando por deuda”, explicó.
Frente al mismo tema se pronunció Luis Fernando Mejía, quien señaló que modificar la Regla Fiscal podría encarecer la deuda, lo que agravaría el problema de financiamiento. Según el articulado, habría un espacio de gasto de $5,5 millones (0,3 % del PIB) hasta 2030 que se reduce a la mitad hasta el 2035.
“Esto genera una pérdida de credibilidad frente al cumplimiento de la Regla Fiscal que le ha dado seriedad al manejo de las finanzas públicas porque es una relajación”, dijo antes de recordar que en su calificación Fitch mencionó que había un riesgo de incumplimiento y un lento ajuste de déficit fiscal.
En respuesta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la intención del Gobierno es que el Congreso le permita adelantar la vigencia de la Regla Fiscal de 2026 a 2025 para luego regresar al esquema tradicional, sin romper la regla. Aunque también se plantea analizar la propuesta hacia adelante.
Luego recordó que el país perdió del grado de inversión en 2021 por haberse sobre endeudado al pasar de una deuda pública del 49 % del PIB a una del 61 %. “La Regla Fiscal se rompió y hubo una transición que termina en 2026”, señaló.
Artículos que incomodan a las empresas
Los mayores señalamientos se dirigieron al impuesto al carbono, la principal crítica es que este se reflejaría en el precio de la gasolina y, en consecuencia, en los costos de la movilidad y la logística de bienes de primera necesidad, como alimentos. De hecho, se cree que este efecto se multiplicaría en toda la canasta, por lo que terminaría por impactar en la inflación.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, recordó que el impuesto al carbono se creó para que acompañara la transición energética, por lo que entraría en vigencia de forma gradual en la medida en que hubiera más recursos renovables, “lo cual no se ha dado”, dijo.
Según el gremio, llevar el impuesto del 25 % que se programó para 2026 al 75 % y al mismo tiempo aumentar la base sobre la cual se calcula, incrementa la canasta de combustibles en un 217 %.
Asomicrofinanzas tiene proyecciones que muestran el retroceso en los costos de formalización para las empresas si se elimina el régimen simple de tributación y las implicaciones que ello tendría en las brechas de pobreza al limitar el acceso de los trabajadores a seguridad social mediante la formalidad. “Este año, el impuesto ha recaudado $1,8 billones y es el único que crece”, dijo la presidenta del gremio.
Fecoljuegos aseguró que las cuentas del proyecto son inconsistentes cuando habla de recaudar $2,1 billones de los recursos que se ponen en apuestas porque toma como base para el cálculo las cuentas de participación, es decir, el ingreso de las plataformas, sobre el cual se descuentan costos, gastos, impuestos, transferencias al sector salud y retornos en premios (equivalentes actualmente al 93 %).
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