Gremios de Atlántico y Bolívar se van contra el gobierno Petro por valorización nacional

El Gobierno Nacional busca cobrar una nueva contribución de valorización nacional y empezaría en la vía al Mar.

La concesión Ruta Costera tuvo inversiones por $1,6 billones. Foto: ANI
Según el gobierno Petro, se podría cobrar valorización nacional a predios cercanos a la Vía al Mar y con estos recursos financiar la estructuración pendiente del Tren del Caribe. Foto: ANI

Los gremios de Atlántico y Bolívar se fueron contra el gobierno de Gustavo Petro, por cuenta de la intención de cobrar una nueva valorización nacional.

Según el Ejecutivo, esta contribución se dará por el incremento en los avalúos de los predios en áreas de influencia de grandes obras de infraestructura.

No obstante, ha sido rechazado por diversos actores privados, incluyendo empresarios y agremiaciones.

¿Por qué los gremios de Atlántico y Bolívar se van contra el Gobierno por la valorización nacional?

Los más recientes fueron el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar, que emitieron un comunicado conjunto rechazando la medida de valorización nacional.

En la nota, los empresarios le pidieron al Ministerio de Transporte derogar las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Ministra de Transporte, María Constanza García
La ministra de Transporte, María Constanza García, aseguró que el cobro de valorización nacional es clave para tener nuevas fuentes de recursos para grandes obras. Foto: cuenta de X,

Con estas normas, se pretende cobrar la contribución de valorización nacional en la zona de influencia del corredor Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad.

No obstante, según los gremios, estas “violan principios constitucionales y legales, tal cual se señaló en la acción de nulidad que el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar presentaron ante el Consejo de Estado el pasado 9 de julio de este año, es decir hace un mes”.

Sumado a lo anterior, para los representantes del sector privado, las resoluciones del Gobierno tienen vicios de nulidad, pues se estaría aplicando un cobro retroactivo, prohibido para leyes o temas tributarios.

De otro lado, argumentan que hay deficiencias en la zona de influencia que fue delimitada sin seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa.

Al tiempo, señalan que hubo falta de estudios técnicos y socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los ciudadanos de la nueva contribución de valorización nacional.

“No puede el Gobierno condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para esta región al pago de dicha contribución cuando debieron incluirse en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025”, indicaron los gremios.

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