Gremios dan claves a gobierno Petro para una transición energética organizada en Colombia

Seguir la exploración, continuar con empresa privada y tarifas justas, se encontraron entre las soluciones para la transición energética de Colombia.

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panel de expertos 6to encuentro de energías renovables.

Seguir la exploración, continuar con empresa privada y tarifas justas, se encontraron entre las soluciones para la transición energética de Colombia.

Inició el 6to Evento y Feria Renovables Latam en Barranquilla, Colombia, donde el primer acto académico contó con la participación de Ser Colombia, Andesco, Andi, Andeg, Acolgen, Naturgas e Hidrógeno Colombia, un destacado panel de expertos del sector, donde se elevaron las peticiones al gobierno Petro en materia de transición energética.

El primer punto de la intervención lo hizo Jaime Concha, vicepresidente de minería, hidrocarburos y energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde el punto principal fue recordar que en Colombia existe la libre empresa y que ese principio en el país es el que ha traído más inversión y confianza a la economía.

“Las empresas de servicios públicos tienen una responsabilidad social hasta donde la Constitución Nacional lo permite y tienen libertad de empresa dentro de los límites que establecen las normas”, indicó el vocero.

Concha advirtió los riesgos de sacar al sector privado de la actividad energética, para lo cual destacó las importantes regalías que recibe el Estado por cuenta de esta actividad y que si, en caso de ser reemplazado, debería el Estado cubrirla con otros ingresos.

Calidad y confiabilidad son clave

Otro importante tema del panel de expertos lo puso Andeg, en cabeza de Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la entidad. Para el especialista, hace 30 años el país vivió su apagón por cuenta de los malos manejos del Estado de su infraestructura energética. Las generadoras no tenían el mantenimiento necesario y cuando el país las necesitó en 1992 no pudieron entrar en operación.

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“Necesitamos garantizar la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio de energía en el país y desde 1993 cuando se hicieron las reformas el país no ha tenido un solo minuto de desabastecimiento energético pese a los duros veranos que hemos tenido desde entonces”, indicó.

Por su parte, la moderadora del panel Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, manifestó que la transición energética es una combinación de todas las formas de energía que existen actualmente y que el país no puede darse el lujo de basar su modelo en una sola fuente de energía.

“Todos estamos trabajando y cumpliendo al país y como gremio buscamos modernización, eficiencia y mejores tarifas para ser un país con una seguridad energética que nos de confiabilidad”, dijo la especialista.

Transición debe ser con todos los involucrados

Mónica Gasca, directora de Hidrógeno Colombia, señaló que el hidrógeno en Colombia no será posible sin las energías sostenibles que se tienen actualmente. El llamado es a trabajar de manera coordinada, indicó la vocera. “No podemos tener una transición enfocada en un solo tipo de energía”, manifestó.

Katherine Simancas Akle, Directora Sectorial de Energía y Gas Natural de Andesco, señaló que para una transición energética sostenible, el país necesita que toda inversión debe asegurarse por medio de empresas que tengan eficiencia financiera.

“Uno de los principios del régimen tarifario es que sea sostenible”, indicó la panelista explicando que el sistema necesita empresas viables económicamente para poder funcionar.

Por último, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, hizo un llamado a hacer una transición energética con todos los actores del sector. “Chuchupa hace 45 años nos dio la suficiencia energética para cocinar con gas natural y cuando se hizo el hallazgo de Cusiana, se dejó de cocinar con cocinol en algunas regiones de Colombia. No podemos cerrarnos a no tener contratos nuevos porque eso asegura a futuro la energía que necesita el país”, indicó.

Por último, se hizo el llamado a no dar más largas para la reglamentación de las consultas previas con las comunidades afectadas, un tema que ha retrasado la entrada a proyectos energéticos en el país y que incluso ha sido analizado por la Corte Constitucional.

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