Recientemente se conoció una investigación del medio de comunicación La Vorágine en la que se aseguraba que la compañía agroindustrial GreenLand estuvo vinculada con entrada de drogas ilícitas a Italia a través de un cargamento de banano de la firma Banacol.
Tras las acusaciones, la firma salió a rechazar no solo cualquier vinculación al narcotráfico, sino que argumentó que estudiaba posibilidades jurídicas en contra del portal por información erróneo y que no fue contrastada antes de la publicación.
“Desde el inicio de sus operaciones Banacol ha trabajado articuladamente con las autoridades locales, nacionales e internacionales, entre ellas la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional, la Armada, el Ejercito Nacional, los departamentos de seguridad de Estados Unidos combatiendo este flagelo”, relató la empresa.
Banacol, es una compañía bananera característica de la zona de Urabá, en Antioquia, que modificó su nombre y operación en 2020 tras la diversificación de su portafolio, y pasó a convertirse en el holding conocido hoy como GreenLand.
Tiene tres líneas de negocio asociadas de las que se desprenden varias marcas: AgroGreenland, InduGreen y ServiGreenland. Su sede financiera y administrativa, desde donde sesiona su Junta se encuentra en Panamá, mientras que la operativa está ubicada netamente en Colombia.
GreenLand funciona en Colombia como subsidiaria de la empresa Invesmar, que pertenece a varias familias reconocidas en el país como los Enríquez, quienes justamente han dirigido la compañía en los últimos años. El actual presidente de la marca es Víctor Manuel Enríquez Restrepo.
En la investigación de La Vorágine se argumenta que las autoridades italianas tienen en la mira a Banacol (de GreenLand) pues, de hecho, la Fiscalía recibió dos cartas de ese país que dan cuenta de las preocupaciones.
“Nosotros no conocemos esas notificaciones que mencionan allí, que son de la Fiscalía porque no es que nos notifiquen, sino que es parte de nuestra operación verificar que la carga no esté contaminada con sustancias ilícitas. Lo que sí sabemos es que somos conscientes de los procesos en los que hemos sido víctimas de la contaminación”, expuso Jeanneth Quiroz, directora administrativa de Greenland, en conversación con este medio.
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El holding reiteró que junto con las autoridades locales y nacionales, con presencia en Urabá, ha establecido estrictos protocolos de seguridad que han permitido prevenir y controlar cada parte del proceso logístico con las autoridades antinarcóticos. De hecho, la empresa insistió en la inversión en más de 1.100 cámaras de videovigilancia entre las fincas y la terminal.
La región de Urabá tiene importantes desafíos como el narcotráfico y las condiciones sociales hacen más vulnerable a la gente en el territorio ante este tipo de flagelos. Adicionalmente, la vocera de la compañía menciona la astucia de las organizaciones criminales para encontrar nuevas alternativas de transportar ilegalmente la droga.
“Nos hemos dado cuenta de que son bastante creativos. Cada vez que tapamos un riesgo que identificamos, pues resulta otro. Han estado imitando cajas propias nuestras y de nuestros clientes y las procesan en otro lado”, dijo.
Respecto a la seguridad, Gustavo Acevedo, director corporativo de seguridad de GreenLand, dice que la compañía cuenta con cuatro escaners, 22 perros antinarcóticos, un circuito cerrado de televisión a distancia, poligráfos para aplicar a los trabajadores y varios esquemas de video. En total, la compañía ha invertido $12.000 millones en alternativas de seguridad.
Participación de Greenland en campañas electorales
En la investigación del medio de comunicación se hace referencia a las financiaciones que GreenLand hizo a la campaña electoral de Federico Gutiérrez, tanto a la Presidencia de la República en 2022, como a la reciente de Alcaldía de Medellín, donde salió electo; así como a la de otros políticos en los últimos años.
Para la empresa no hay un buen manejo de la información, pues se está intentando vincular dos hechos que son ajenos, uno de los cuales no es verídico para ellos, como lo es la incautación a la que se “pretende” vincularlos.
“Consideramos que no hay algo malo en participar abiertamente, como siempre lo hacemos, en temas políticos, solo estamos ejerciendo nuestro derecho a participar en la democracia. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra”, introdujo la empresaria.
“Así como ellos nos estudiaron a nosotros, nosotros también los estudiamos para ver si podíamos realizar esa transacción y dejamos todo regulado porque por regulación electoral, se requiere verificar, por ejemplo, si las cuentas donde se va a hacer la transacción pertenece al líder o la campaña, hacemos verificación de antecedentes judiciales.Tenemos todos los soportes”, agregó.
La afinidad con otras campañas y dirigentes que en el pasado apoyaron como al expresidente Álvaro Uribe – dice Quiroz- se han hecho de forma “transparente” y, en consecuencia, es erróneo que se vinculen a temas ilícitos de los que no han sido participes.
De otro lado, GreenLand se refirió a las acusaciones sobre supuesta financiación a grupos ilegales.
“Banacol no está, ni ha estado vinculada a ningún proceso penal relacionado con este asunto. El proceso que se inició en el 2008 se adelantó en contra de personas naturales que hoy no tienen ninguna relación con Banacol. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado la culpabilidad de ninguno de ellos, y estamos seguros de que van a poder reiterar su inocencia dentro del juicio que corresponda. Actualmente, también se investigan a otros funcionarios relacionados con diferentes empresas bananeras colombianas”, relató la marca.
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