En la mañana de este martes 28 de enero, aterrizó en Bogotá el primer avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos. Esta situación, que generó tensiones entre Donald Trump y Gustavo Petro, derivó en una serie de sanciones entre ambos países, aumentando la incertidumbre económica y social.

Según informó la Cancillería de Colombia, el avión trasladó a 91 migrantes, muchos de los cuales denunciaron haber recibido tratos indignos durante el proceso de deportación en territorio estadounidense.

Ante este panorama, y ​​con el propósito de ofrecer apoyo a los connacionales deportados, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), anunció a través de su cuenta en X medidas que se implementarán para asistir a los afectados.

“No ganó Colombia, no ganó Estados Unidos; ganan los inmigrantes deportados, gana la dignidad humana”, destacó Bolívar en su publicación.

¿En qué consistirá la ayuda del Gobierno Petro a los colombianos deportados?

Bolívar explicó que el DPS ya está estructurando un programa que permitirá otorgar créditos asociativos con tasas preferenciales, siguiendo las instrucciones del presidente Gustavo Petro. “La inmigración se detiene con oportunidades”, afirmó Bolívar, dejando claro que estos créditos serán diseñados para facilitar la reactivación económica de los deportados en el país.

Aunque el programa de apoyo a los retornados aún se encuentra en fase de estructuración, los detalles específicos sobre su implementación no han sido confirmados. Sin embargo, se ha señalado que el enfoque principal será la promoción de proyectos productivos mediante el acceso a financiamiento en condiciones favorables, con el objetivo de generar oportunidades económicas para los retornados.

Bolívar subrayó que el Gobierno busca ofrecer una respuesta integral que no solo apoye a los deportados en su reintegración, sino que también contribuya a reducir los índices de migración forzada.

El éxito de las medidas anunciadas dependerá de la eficacia con la que el DPS implemente los programas prometidos, así como del compromiso de las distintas instituciones para garantizar la estabilidad económica y social de los retornados. Destacando que, recientemente, el Gobierno ha hecho el reporte de déficits fiscales y ha llevado a que se suspenda el presupuesto.