El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alertó que existe un riesgo de incumplimiento de la Regla Fiscal este año e hizo pública la necesidad de implementar una serie de medidas para subsanar la situación este año y el próximo, entre ellas un recorte adicional en el gasto de $31 billones.
En un comunicado, el organismo técnico estima que en total este año es necesaria una reducción de $56,2 billones en el gasto fiscal, equivalentes al 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales $25 billones están cubiertos entre un decreto de aplazamiento, un ajuste al Plan Mensualizado de Caja (PAC) y un nuevo decreto de recorte que debería salir este mes.
Fuente: CARF.
También aclaró que los $18 billones (1,1 % del PIB) de la caída de los ingresos no podría considerarse un ajuste de gasto, sino un mayor déficit por los componentes del ciclo económico y petrolero y las transacciones de única vez.
“Las cifras muestran que el déficit primario, a agosto de 2024, supera la meta consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal de 0,9 % del PIB. Esto quiere decir que entre septiembre y diciembre de 2024 el cumplimiento de la Regla Fiscal requiere superávits primarios”, explicaron los expertos.
Lo anterior significa que en noviembre y diciembre de 2024, el gobierno debería gastar máximo $15,9 billones al mes. Sin embargo, el promedio de gasto mensual entre enero y octubre ha sido de $26,5 billones. Sumado a esto, en los últimos meses del año se suele presentar un menor recaudo y un aumento en el ritmo de ejecución del gasto primario.
En línea con este cálculo está la advertencia hecha por la Dirección de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, que dijo en un informe especial que el Gobierno debía reducir el gasto público en al menos un 36 % este año para cumplir con la Regla Fiscal, estimando que no se cumpla con el recaudo tributario planeado.
De optarse por este camino, el Gobierno debía restringir el gasto a $80,5 billones en los últimos cuatro meses del año.
Las cuentas del CARF estiman que este año los ingresos se ubiquen en $74,1 billones (4,3 % del PIB), por debajo del nivel programado en Presupuesto General de la Nación de 2024, el cual fue aprobado en octubre de 2023.
Un problema de vieja data
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) asegura que el Gobierno enfrenta inflexibilidades, algunas estructurales y ajenas a su control, que limitan la capacidad de realizar un ajuste fiscal sostenido. Pero no se limitan a este año, de hecho, el organismo estima que entre 2019 y 2023, el 83,6 % del gasto fue inflexible.
Algunas de las inflexibilidades más significativas se deben al gasto de intereses, las pensiones, el Sistema General de Participaciones, los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gasto en defensa y los gastos asociados del sector salud.
“La mayoría de estas rigideces se han acentuado en los últimos años debido al alto nivel de la inflación y del crecimiento del salario mínimo, factores que tienen efectos en rubros como las pensiones y los salarios”, señaló el CARF.
Fuente: CARF.
Dada la situación sostenida, también hay incertidumbre frente a los ingresos programados por el gobierno para 2025. El organismo ya prevé un riesgo de menor recaudo de por lo menos $33,3 billones: $22,6 billones por menor gestión de la DIAN, $4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba el proyecto de ley de financiamiento.
Como lo ha advertido el mismo presidente, Gustavo Petro, el presupuesto de 2025 está sujeto a la aprobación de la ley de financiamiento, la cual comenzará a discutirse esta semana en el Congreso, pues sin ella el Gobierno deberá efectuar un recorte de gasto a inicios del año por un monto equivalente al recaudo que se espera alcanzar con ella ($12 billones).
En consecuencia, el cumplimiento de la Regla Fiscal de 2025 también está en veremos. Para cubrirlo sería necesario reducir el gasto en $39,1 billones y ajustar el presupuesto a la capacidad de generar ingresos realistas, reducir la incertidumbre, mejorar la posición de caja y mantener la credibilidad de la estrategia fiscal, según el CARF.
“Hacia adelante, el país requiere identificar y tomar medidas estructurales que permitan consolidar un ajuste fiscal sostenido y asegurar la sostenibilidad fiscal. De lo contrario, se podría impactar negativamente las primas de riesgo, los costos de financiamiento, la tasa de cambio y el valor de la deuda”, concluye el grupo técnico.
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