El Ministerio de Hacienda detalló que al menos 20 artículos del proyecto de ley de reforma laboral, de los 88 que conforman el articulado, podrían tener un impacto fiscal potencial para la Nación tras ser consultado por el Congreso de la República.
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El impacto fiscal más significativo vendría por cuenta de la ampliación gradual de la licencia de paternidad de dos a cuatro semanas. Dado que las EPS deben cubrir el 100 % del salario del trabajador durante este periodo, se financiarían con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), es decir, el Presupuesto General de la Nación.
La respuesta se radicó ayer después de conocerse que ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado presentaron una ponencia de archivo para la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro justamente por su impacto económico. Horas después, el presidente aseguró que convocará a una consulta popular para definir el futuro de la propuesta.
En una comunicación firmada por la viceministra técnica de Hacienda, Juanita Villaveces, también se menciona un grupo de 19 artículos relacionados con formalización, cambios en remuneración y protección de los trabajadores, cuyo impacto estaría condicionado a la reglamentación “bajo el entendido que cada cabeza del sector debe apropiar los recursos correspondientes, respetando los límites de gasto comunicados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo”, detalló la cartera.
De hecho, el MinHacienda explicó que las apropiaciones presupuestales no se asignan a las entidades por actividades específicas, sino que corresponde a cada una ejecutar los recursos con autonomía.
Los artículos sobre los que no hay claridad
Un segundo bloque de seis artículos sobre la promoción de la formalización laboral en micronegocios y en el sector rural, la inserción laboral de población vulnerable y la diversificación de modalidades de trabajo genera incertidumbre, de acuerdo con el análisis técnico.
“Su implementación depende de incentivos, programas y estrategias que aún deben ser reglamentados por el Gobierno Nacional. Por esta razón, no es dable anticipar una cuantificación del impacto fiscal asociado hasta tanto se define en la respectiva reglamentación”, señaló la entidad.
En contraste, al menos 12 artículos que buscan fomentar la formalización, garantizar la seguridad laboral e incentivar la contratación de personas con discapacidad, entre otras, no generarían impacto fiscal “siempre y cuando su implementación se dé en un marco de estrategias que se adapten a los mecanismos vigentes o se financien con cargo al presupuesto de las entidades correspondientes”.
Finamente, el Ministerio de Hacienda especificó que el proyecto de ley no tiene injerencia directa sobre los gastos de personal que se cubren con el Presupuesto General de la Nación (PGN), pues “las relaciones de derecho individual de trabajo entre la administración pública y los servidores del Estado se rigen por estatutos especiales y no por el Código Sustantivo del Trabajo.
Aun así, advirtió que un aumento de los costos laborales para los trabajadores podría incrementar el gasto de nómina de las empresas industriales y comerciales del Estado y que quedaría sujeto a la disponibilidad de recursos de las mismas.
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