El gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer los primeros decretos que surgen bajo la medida de estado de conmoción de Catatumbo.
Se conoce que yan son 10 los documentos firmados por el Ejecutivo y los ministerios que participan, dentro de ellos están las carteras de Comercio, Hacienda, Minas, Educación, Ambiente, Vivienda.
Decretos bajo el estado de conmoción
El primero de ellos, es el número 0106 y fue expedido por el Ministerio de Agricultura.
El texto establece medidas para garantizar la producción de alimentos mediante financiamiento, crédito, alivio de pasivos y suspensión de cobros judiciales, con el objetivo de mitigar los efectos del conflicto armado y facilitar el retorno y la estabilidad económica de campesinos, pequeños y medianos productores en zonas afectadas por la situación de orden público.
Además, se permite la refinanciación de deudas bajo condiciones que no sean más gravosas que las originales, con un plazo máximo de hasta el doble del tiempo pendiente o veinte años.
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Otro decreto, el 0107 faculta a la Agencia de Desarrollo Rural para contratar de manera directa la adquisición de bienes y servicios esenciales para la producción agrícola y pecuaria, promoviendo la sostenibilidad de las cadenas productivas y el retorno de pequeños productores víctimas del desplazamiento forzado o en proceso de reincorporación.
Asimismo, se ordena a Agrosavia y al ICA tomar medidas urgentes para resguardar y distribuir semillas y material de propagación, asegurando la continuidad de la producción en las zonas afectadas.
Por último, el 0108 establece medidas para proteger las tierras y activos rurales en zonas afectadas por la violencia y el orden público, como Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y municipios del departamento de Cesar. Su objetivo es prevenir el acaparamiento de tierras y garantizar los derechos de campesinos, pequeños y medianos productores, especialmente aquellos desplazados por el conflicto.
Para ello, se implementarán medidas de protección que impidan la venta forzada de predios de desplazados y se llevará un registro de los terrenos abandonados por la violencia. Además, se priorizará la entrega de tierras a las víctimas del desplazamiento y excombatientes, facilitando el acceso a créditos y programas de apoyo productivo.
El decreto también permite que terrenos estatales en desuso sean destinados temporalmente a albergues, vivienda rural y proyectos productivos. Asimismo, se agilizará la expropiación de tierras necesarias para garantizar el retorno y estabilidad de las víctimas del conflicto, y los predios adquiridos por el Estado serán considerados automáticamente saneados.
“La adopción de procesos expropiatorios ágiles y erigidos a prodigar tierra, vivienda, infraestructura y modos de subsistencia a los campesinos, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, están más que justificados, tal como en su momento valoró la Corte Constitucional en sentencia C-227 de 2011”
Finalmente, para evitar irregularidades en la propiedad de la tierra, se suspenderán temporalmente los registros de compraventa y modificaciones catastrales en las zonas afectadas, salvo cuando intervengan entidades públicas. Estas medidas buscan garantizar el derecho a la tierra y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.
