El Gobierno del presidente Gustavo Petro lanzó este martes nuevas líneas de crédito para el programa de financiación de proyectos de economía popular “Creo”, que se constituyó en 2023 con el fin de facilitar el acceso a micronegocios y unidades productivas.
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Para esta oportunidad se habilitó un cupo de $185.000 millones en créditos y garantías para el segmento productivo no agropecuario, tanto para personas naturales como para empresas de los grupos A, B o C del Sisbén o para quienes demuestren ingresos anuales inferiores a 50 salarios mínimos ($71,17 millones).
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó a la salida del evento de presentación que “el programa tuvo una primera versión con líneas de crédito individuales y ahora se ha ampliado con líneas de crédito asociativas, que es la prioridad del presidente”.
El programa de crédito popular Creo está dirigido a quienes ya tienen una actividad productiva de pequeña escala en cualquier sector de la economía, excepto actividades agropecuarias.
Los tomadores contarán con un plazo de pago de 6 a 12 meses y podrán solicitar hasta $4 millones en dos operaciones (cada una de máximo $2 millones), los cuales deben destinar a capital de trabajo, sustitución de pasivos y modernización de activos.
Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través de bancos, cooperativas financieras, fintech, ONG, entre otros. La validación y desembolso se harán a través de Bancóldex.
Guevara destacó que se trata de un esfuerzo conjunto de varias carteras del Ejecutivo, las entidades financieras del Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades con una visión hacia la economía popular.
También dijo que la interacción y correlación entre los sectores hará posible seguir consolidando el ecosistema de economía popular, una de las apuestas de este Gobierno que, según Guevara, llegó para quedarse por la estructura de nuestro país y a pesar de que en el pasado los esfuerzos han sido fallidos.
Por su parte, Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, destacó que el año pasado se dispusieron $55.000 millones en garantías para respaldar pequeños créditos con un monto promedio de $2 millones. “La meta es que sean más recursos, pero es bastante transformador para quienes están en los territorios excluidos”, indicó.
También advirtió que el país vive un gran momento para la economía popular y planteó que el reto es que institucionalidad se vuelque a financiarla.
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