Tras haber abierto una cuarta convocatoria a finales de enero de este año, el Gobierno Nacional se volvió a quedar sin quien le administre los recursos del Fonpet (Fondo de Pensiones Territoriales).
Valora Analitik pudo establecer que, pese a haber relajado las condiciones técnicas, en esta oportunidad ninguna entidad financiera habilitada se presentó al proceso, ni siquiera las fiduciarias públicas.
A nivel general, la percepción de las entidades financieras es que los términos pactados por el Ministerio de Hacienda no son buenos, puesto que las comisiones siguen siendo bajas dado el monto que tendrían que administrar.
Hay que recordar que se trata de $47,5 billones que están siendo administrados desde mediados del año 2023 por parte de la Dirección de Crédito Público de esa cartera.
La Dirección -liderada por José Roberto Acosta- debió asumir la administración de esos recursos luego de que se venciera el contrato que venía siendo ejecutado por una diversidad de fiduciarias desde hace 10 años.
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Para las fiduciarias consultadas por Valora Analitik, las consecuencias del desenlace de la convocatoria se deben a que el Ministerio no acogió las recomendaciones que se manifestaron en convocatorias previas.
¿Cuáles habían sido las mejoras en las condiciones?
En esta convocatoria para administrar los recursos del Fonpec, una de las mejoras fue la reducción del 1 % a 0,5 % de los recursos que esos administradores deben destinar a la denominada “reserva de estabilización”.
En el Decreto 1919 de 2023 -donde quedó el cambio- se especificó que “el monto mínimo de la reserva de estabilización de rendimientos será equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del promedio mensual del valor a precios de mercado de los activos que constituyen los patrimonios autónomos que administren”.
Eso significa que los administradores de los $42 billones del Fonpet podrían liberar parte de los recursos que en las convocatorias anteriores tenían que dejar quietos y guardados como reserva en el negocio.
Las convocatorias que se han venido haciendo en el último tiempo responden al vencimiento del contrato que no se renovó por parte del gobierno del expresidente, Iván Duque.
Eso ocasionó que las fiduciarias tuvieran que devolver los recursos a la Dirección de Crédito Público, alrededor de $57 billones.
Parte del problema se resolvió en noviembre de 2023 cuando le fueron adjudicados $15 billones al consorcio conformado por dos fiduciarias públicas: Fiduprevisora y Fiduagraria (filial del Banco Agrario de Colombia).
El saldo de recursos ha seguido creciendo y la nueva convocatoria busca entregar $47,5 billones de parte del Gobierno Petro para que entidades financieras puedan administrarlos.
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