La Presidencia de la República emitió el Decreto 0467 de 2025, con el cual se levanta oficialmente el estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, y las localidades de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
Según el texto del decreto, esta decisión tendrá efecto a partir de hoy 24 de abril de 2025, y revoca las medidas excepcionales impuestas.
No obstante, el Gobierno Nacional ordenó extender por 90 días la vigencia de varios decretos legislativos expedidos durante la conmoción interior, con el objetivo de mitigar sus impactos.
Los decretos que se extienden bajo el estado de conmoción interior
Entre las normas extendidas se encuentra el Decreto 106, que establece medidas de financiamiento, alivio de deudas y apoyo productivo al sector agropecuario, para proteger los medios de vida de campesinos, pequeños y medianos productores, facilitando su retorno, estabilización y generación de ingresos.
Asimismo, se prorrogó el Decreto 107, enfocado en la protección de zonas agrícolas y cadenas de suministro alimentario, así como en el restablecimiento de los sistemas agroalimentarios y la garantía del derecho humano a la alimentación.
También se mantienen vigentes por tres meses adicionales el Decreto 108, que establece medidas para la protección de tierras, territorios y activos del sector agropecuario; el Decreto 117, que contempla acciones transitorias en materia de turismo para mitigar los efectos del conflicto; y el Decreto 118, que otorga al presidente la facultad de designar un comandante militar encargado del control operacional de la Fuerza Pública en las zonas afectadas.
A estos se suman el Decreto 120, con disposiciones para garantizar la continuidad del servicio de transporte público terrestre; el Decreto 121, que habilita al Ministerio de Vivienda para adelantar proyectos directos de acceso a agua potable, saneamiento básico y reubicación de población desplazada; el Decreto 134, que impone restricciones a la comercialización y circulación de sustancias químicas controladas para evitar su uso en la producción de cocaína; el Decreto 137, enfocado en brindar protección integral a personas y comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; y el Decreto 180, que impulsa programas para desvincular a núcleos familiares de economías ilícitas y promover su tránsito hacia actividades productivas legales.
Finalmente, el Decreto 433 del 8 de abril de 2025 destaca el avance del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la conformación de 20 defensorías de familia que operarán en el Catatumbo a partir de mayo. Esta medida busca fortalecer la prevención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
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