La disputa por el muelle 13 del puerto de Buenaventura entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y Ventura Group, su operador, ya completa más de un año.
La controversia gira en torno al uso y las condiciones ambientales de esta infraestructura, y en las últimas horas se registró un nuevo avance a favor de la posición gubernamental.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reiteró que la prioridad del gobierno es la defensa del interés público y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Según Rojas, la decisión tomada el 23 de diciembre de 2023 sobre el muelle 13 fue contraria a los lineamientos presidenciales y a los objetivos del PND. «Tenemos que cumplir con el PND y desarrollar nuestras prioridades, lo que implica fortalecer el proceso organizativo con las comunidades», afirmó en diálogo con Blu Radio.
Además, Rojas destacó que un juez se abstuvo de tramitar el incidente de desacato solicitado por el Grupo Portuario, lo que consideró un respaldo a la postura del gobierno en defensa del interés público.
El nuevo enfoque del muelle 13 de Buenaventura
Por otra parte, semanas atrás, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, señaló que el Gobierno evalúa un nuevo enfoque para el muelle 13, con el propósito de que esta infraestructura beneficie a las comunidades locales, especialmente en el desarrollo de la pesca artesanal e industrial. «Debe ser un espacio que fomente el desarrollo económico y social de la región», subrayó.
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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dejó claro que no se revocará la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de suspender las actividades en el muelle 13. Según Muhamad, la infraestructura no puede operar sin una licencia ambiental adecuada, requisito que Ventura Group no cumple. La ministra de Transporte, María Constanza García, respaldó esta postura, señalando que la falta de licencia refleja incumplimientos ambientales acumulados en los últimos tres años.
Asimismo, Muhamad criticó la posición de la Procuraduría, que había solicitado levantar la suspensión, argumentando que su petición carecía de sustento técnico sólido.
El documento señala que el volumen y el calado de las operaciones en el muelle 13 superan la capacidad establecida en el plan de manejo ambiental presentado por Ventura Group, lo que respalda la decisión del gobierno de mantener la suspensión.
