El gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunció frente a algunas protestas que se han registrado en peajes donde la comunidad manifiesta rechazo por el cobro de estos pagos.
Los Ministerios de Defensa, Interior y Transporte informaron que están dispuestos a promover y a acompañar las dinámicas de diálogo social y concertación.
En un comunicado las carteras dijeron: “Hoy, las acciones implementadas en el país, como las tarifas diferenciales, son producto del diálogo constante con autoridades locales, comunidades y otros actores interesados”.
Además, sostienen que es el modelo para materializar las grandes obras de infraestructura que necesita el país y requiere de la confluencia de diversas fuentes de financiación, que son parte de contratos establecidos previo a la realización de las vías.
La defensa a los peajes en Colombia
Cabe mencionar que las carreteras concesionadas en Colombia se desarrollan mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales se financian mediante aportes del Estado y de los usuarios de las vías, a través del recaudo de peajes.
Otros proyectos carreteros se materializan a través de Iniciativas Privadas (IP), en las que la Nación no designa recursos públicos, sino que se financian de forma exclusiva mediante el recaudo de peajes.
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En cuanto a las protestas mencionaron que: “Desconocemos el origen de los intereses que han llevado a algunas personas a desinformar frente a los temas abordados en las distintas mesas de trabajo que buscan concertaciones. Nos preocupa, por el riesgo inminente que esto acarrea, la utilización política de los peajes”.
Y agregaron: “El Gobierno nacional debe responder al bien general sobre el bien particular y, a partir de ahí, con base en información de contexto territorial, tomar las decisiones pertinentes”.
Así las cosas, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que se haga uso del derecho a la movilización social de manera pacífica y responsable.
“No son aceptables las vías de hecho que atenten o pongan en peligro a los usuarios de las vías, representantes del Ministerio Público, fuerza policial, y a quienes trabajan en los peajes. No pagar los peajes pone en riesgo la estabilidad de los proyectos carreteros y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado”, se lee en el comunicado.
Vale recordar que en Colombia bloquear o vandalizar un peaje puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno, así como un acto de obstrucción de vías públicas, con penas que van desde 16 a 90 meses y multas hasta 37,5 salarios mínimos, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Por lo tanto, los ministerios dijeron que: “Como Gobierno nacional no podemos aceptar ni normalizar que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal en los peajes”.
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