La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral en Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para febrero de 2025, el 57,6 % de los trabajadores del país se desempeñaban en condiciones informales.
Frente a esta problemática, el Gobierno Nacional ha revelado una serie de estrategias orientadas a reducir esta cifra y mejorar las condiciones laborales.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reconoció en entrevista con Portafolio que se trata de un reto estructural que requiere intervenciones profundas. “Estamos encaminando todos los esfuerzos para mitigar la informalidad y garantizar que los colombianos accedan a empleos en condiciones dignas y conforme a lo establecido por la ley”, afirmó.
Sanguino también cuestionó la idea de que la flexibilización del mercado laboral sea una solución efectiva. “Argumentar que la flexibilización reduce la informalidad es demostrablemente impreciso. Lo que ha ocurrido, en cambio, es una pérdida de capacidad adquisitiva y una precarización del empleo, lo cual afecta negativamente la economía”, explicó.
En ese sentido, el ministro señaló que una menor capacidad de compra entre los trabajadores reduce la demanda agregada, lo que a su vez limita la demanda de bienes y servicios y genera una contracción del aparato productivo del país.
Estrategias del Gobierno para la informalidad
Para revertir esta situación, el Gobierno apuesta por políticas macroeconómicas que fortalezcan el aparato productivo, con el objetivo de generar empleos de calidad. Además, hace un llamado a las empresas para que asuman su responsabilidad en la formalización tanto de sus operaciones como de sus trabajadores.
Entre las iniciativas que ya están en marcha, el ministro destacó el programa Empleos para la Vida, que otorga incentivos económicos a empresas que contraten personas en condición de vulnerabilidad, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
Las empresas pueden recibir entre el 20 % y el 35 % de un salario mínimo legal por cada contratación bajo estos criterios. “En lo que va del año, hemos entregado cerca de un millón de incentivos a empresas que han participado del programa”, agregó.
Otra medida clave son los pactos de formalización laboral que se han firmado con empresas privadas y entidades públicas. Estos acuerdos también incluyen procesos de formalización de trabajadores estatales, un sector afectado por la proliferación de contratos de prestación de servicios y otras formas de vinculación precaria.
“El contrato a término indefinido fue reemplazado en muchos casos por figuras inestables, lo cual ha afectado sectores clave como la salud y otras instituciones que garantizan derechos fundamentales. Por eso estamos trabajando también en formalizar el empleo público”, indicó Sanguino.
Mesa del Plan Nacional de Desarrollo
Dentro de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, se contempla la creación de 100.000 empleos formales en entidades estatales. De esa meta, el Gobierno ya ha formalizado cerca de 30.000 servidores públicos que anteriormente se encontraban en situación de inestabilidad laboral, contratados a través de intermediarios o bajo esquemas temporales.
Finalmente, Sanguino aseguró que el Gobierno trabaja con el propósito de reducir la informalidad a niveles por debajo del 50 %. Para ello, están abiertos a propuestas como la presentada por la Contraloría General de la República, que sugiere avanzar hacia un acuerdo nacional que unifique esfuerzos públicos y privados en esta tarea.
—
