El Consejo de Estado dio su veredicto y respondió en el caso de la concesión del muelle 13 del puerto de Buenaventura y el Grupo Ventura Group, donde dio como conclusión que el Gobierno ganaba la demanda.
Desde la Sección Quinta, el magistrado Luis Alberto Álvarez respondió la demanda que interpuesto el Grupo Portuario para seguir operando en Buenaventura, la cual fue negada.
Los argumentos que llevaron a esta decisión fueron principalmente porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió revocar el acto administrativo que otorgaba la prórroga de la concesión al Grupo Portuario para operar el muelle 13 de Buenaventura. Según la ANI, esta revocación se debió a circunstancias que llevaron a revisar los fundamentos de la prórroga.
Además, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas de lo Contencioso Administrativo (ANDJE) señaló que al confirmarse la resolución que revocaba la prórroga, la solicitud del Grupo Portuario ya no tenía base para ser aceptada.
Gobierno gana demanda: pronunciamiento de Ventura Group
Grupo Portuario expuso el camino que hizo con varias acciones legales para solicitar el aval y ante la negativa por parte del Consejo de Estado anunció que se abre la puerta a continuar el debate jurídico a través de otros mecanismos.
El 19 de abril, Grupo Portuario solicitó un espacio de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, programado para el próximo 11 de junio, con el objetivo de resolver la situación en el muelle 13. En caso de que esta conciliación no tenga éxito, Grupo Portuario procederá con una eventual demanda de controversias contractuales.
En un comunicado, la compañía dijo: «Grupo Portuario quiere destacar que siempre ha actuado conforme a la ley, con responsabilidad ambiental y social en beneficio de la comunidad de Buenaventura. Está dispuesto a encontrar caminos de conciliación para resolver las diferencias y lograr acuerdos beneficiosos para todas las partes involucradas».
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El lío en el puerto de Buenaventura
Álvaro Rodríguez Acosta, cofundador de Ventura Group y responsable de la operación de un muelle en la región, esperaba renovar su contrato por otros 20 años, hasta 2044. Sin embargo, la decisión se revocó mediante la resolución 0135 del 5 de enero de 2024.
Esta acción también desencadenó una investigación sobre posibles irregularidades en el contrato, involucrando al ministro de Transporte, William Camargo, quien deberá comparecer ante la Procuraduría General de la Nación.
Además del ministro de Transporte, la investigación incluirá a dos viceministros (de Hacienda y Ambiente), así como al subdirector general de prospectiva y desarrollo nacional del DNP, Juan Miguel Gallego. También se investigará a la vicepresidenta de gestión contractual de la ANI, Carolina Barbanti, y al vicepresidente jurídico ad hoc de la ANI, Gustavo Salazar.
Ahora bien, después de que el Gobierno ganara demanda de puerto de Buenaventura, el futuro para el muelle es opaco, ya que, durante un evento comunitario, el presidente Gustavo Petro anunció que el muelle se destinaría a los pescadores locales.
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