
El Gobierno Nacional anunció un ambicioso plan de sustitución de cultivos ilícitos, con el cual busca erradicar 25.000 hectáreas de hoja de coca en el Catatumbo.
Como incentivo, los campesinos que participen en el programa recibirán pagos mensuales equivalentes a cerca del 90 % de un salario mínimo legal vigente, es decir, aproximadamente $1.280.000.
El presidente Gustavo Petro explicó en medio del segundo Consejo de Ministros televisado que la iniciativa se basará en la erradicación voluntaria, descartando métodos como la fumigación aérea, al considerarla inconstitucional. “No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza con él. Fundamental para que progrese y sea una región tranquila”, afirmó el mandatario.
Una estrategia con tiempos ajustados
El anuncio se da en el marco de la declaratoria de conmoción interior, que ya completa 40 días. Si el Congreso aprueba la prórroga de esta medida, el Gobierno contaría con un plazo máximo de 140 días adicionales para cumplir la meta, lo que equivale a menos de cinco meses.
“Tenemos corto plazo. Ya hace cuarenta días se expidieron los primeros decretos. Esos decretos ya están en plena ejecución, pero este que vamos a analizar hoy concentra y condensa lo que queremos. ¿Qué queremos? Erradicar cultivos de hoja de coca. 25.000 hectáreas como objetivo”, dijo.

Petro enfatizó la necesidad de que la erradicación sea completa, incluyendo las raíces de las plantas de coca, para evitar su rebrote.
Asimismo, destacó que el pago a los campesinos se realizará en función de los precios por tonelada.
“El PNIS fue un programa fracasado en el Gobierno Santos porque lo hizo trizas el Gobierno Duque, pero nosotros queremos revivirlo de una manera más eficaz”, señaló el presidente.
Un enfoque directo con el campesinado
El gobierno busca establecer un diálogo directo con los productores de hoja de coca para negociar la erradicación de sus cultivos.
“Lo que vamos a realizar es un contacto directo con el campesinado para proponerle unos recursos a cambio de las matas completas, que serán miles de toneladas, esperamos”, aseguró Petro. Según el mandatario, ya existe una lista de aspirantes al programa, y la meta es que cubran las 25.000 hectáreas proyectadas.
Finalmente, el presidente subrayó la importancia de garantizar la titularidad de la tierra a los campesinos del Catatumbo, con el fin de evitar desplazamientos y la llegada de poblaciones ajenas al territorio.
Gloria Medina, directora de Sustitución de cultivos de uso ilícito, señaló que, según el más reciente informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), el 52 % de los cultivos de hoja de coca en la región están concentrados en Tibú.

“Durante los últimos años, el Estado ha estado ausente en estas zonas, y la economía de la población ha dependido casi exclusivamente de los cultivos de uso ilícito. Por ello, mientras se consolida una economía legal, es fundamental garantizar a los campesinos un sustento que les permita sustituir sus ingresos de manera sostenible”, anotó Medina.
Asimismo, explicó que el plan del gobierno no busca únicamente reemplazar una planta por otra, como en los programas de sustitución anteriores, sino transformar por completo el circuito económico.
«El mercado de la coca siempre ha sido exitoso porque tiene compradores garantizados. Debemos lograr lo mismo con los productos lícitos, asegurando que tengan canales de distribución eficientes y una demanda estable», afirmó Medina.
Para ello, los proyectos productivos que se implementarán en la región contarán con inversiones que oscilarán entre los $15 y los $20 millones.
Se dará prioridad a iniciativas lideradas por madres cabeza de familia y mujeres, así como a proyectos asociativos. Además, el Gobierno Nacional está articulando esfuerzos con el sector financiero, en particular con el Banco Agrario, para facilitar créditos con períodos de gracia de hasta cinco años, permitiendo que los nuevos cultivos generen flujo de capital antes de que los productores deban empezar a pagar sus obligaciones.