La concesión Autopistas del Café está próxima a vencer y el gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para tomar decisiones sobre el futuro del corredor vial que conecta al Eje Cafetero.
Actualmente, la operación está a cargo de Odinsa Vías, donde participan Odinsa y Macquarie Group, compañías que han manifestado su interés en renovar el contrato a través de una nueva licitación denominada IP Conexión Centro.
Esta propuesta incluye más intervenciones en la infraestructura, pero mantendría el cobro de los peajes actuales, lo que ha generado inquietud entre distintos sectores.
En un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, informó que se realizó una reunión con la concesión dentro de la entidad para analizar el modelo financiero, los cambios implementados en el territorio y las preocupaciones expresadas por gremios y comunidades.
Torres anunció que, después de Semana Santa, la ANI realizará una visita al corredor vial para evaluar las propuestas tanto de la concesión como de los gremios y la ciudadanía.
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El objetivo, según explicó, es encontrar una solución conjunta que tenga en cuenta criterios técnicos: “Ahí estaremos hablando de transformaciones, eliminaciones de peaje, el futuro de la infraestructura, considerando que la concesión actual finaliza en 2025”, apuntó Torres.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó en la urgencia de modificar el modelo de concesiones viales en Colombia, una directriz impulsada desde el gobierno Petro: “El Estado no puede casarse con el modelo de concesión como única opción”.
Según la funcionaria, las dificultades asociadas a los peajes no son un problema aislado, sino una crisis generalizada en el país. Rojas dijo : “Estamos trabajando en coordinación con la Presidencia para encontrar soluciones”.
La ministra también cuestionó la falta de transparencia en la gestión de las concesionarias, señalando que no existen informes públicos detallados sobre las inversiones y el uso de los recursos de los peajes en las últimas décadas. En su opinión, los concesionarios deberían rendir cuentas a los ciudadanos sobre su administración y explicar los resultados de su operación.
Finalmente, advirtió que es necesario evaluar si el modelo de concesión es financieramente viable ante posibles ajustes, como la reducción de tarifas o la eliminación de algunos peajes. Además, subrayó que, aunque los contratos originales establecían una distribución equilibrada de riesgos entre el Estado y los concesionarios, en la práctica estos han recaído principalmente sobre el gobierno.
