El Consejo de Ministros de España se dispone a prorrogar el escudo ‘anti-OPA’ que puso en marcha en 2020, en plena pandemia, para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras.
La medida, que da al Ejecutivo la posibilidad de vetar la entrada de capital foráneo en dichos sectores, caducaba el 31 de diciembre de este año y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Además, aclarará que dentro de este escudo entrarán también las ventas de activos, operaciones muy frecuentes en el sector energético y en infraestructuras.
El conocido como blindaje ‘anti-OPA’ se desarrolla, en realidad, en dos Reales Decretos. El primero en entrar en vigor, en marzo de 2020, tiene efecto permanente y permite vetar a inversores de fuera de la Unión Europea que quieran adquirir más de un 10 % de una empresa estratégica por más de 500 millones de euros.
Meses después, mediante una segunda norma, el Ejecutivo amplió la cobertura para evitar que inversores extracomunitarios pudiesen burlar el sistema creando sociedades en países de la UE, e hizo que el escudo afectase también a los inversores de países del club comunitario. Mantuvo el resto de condiciones, pero limitó su alcance solo a las compañías cotizadas y le dio un carácter temporal.
Esta segunda norma expiraba en un principio a finales de 2020, y tras dos prórrogas del Ejecutivo (la última en noviembre del año pasado) tenía fecha de caducidad para dentro de tres semanas.
La tercera prórroga que ultima el Gobierno será más amplia que las anteriores, de dos años. El blindaje hasta finales de 2024 evita que, si se prorrogase por tan solo un año como ha sido habitual, el fin de la norma coincidiera con las elecciones generales. Además, el Gobierno aprovecha para clarificar el ámbito de aplicación. Este se amplía a la compra de activos o de ramas de negocio, aunque no impliquen el control de la sociedad, siempre dentro de los sectores considerados estratégicos. Este tipo de operaciones no estaban incluidas específicamente en el texto anterior, que solo contemplaba las transmisiones societarias. El Gobierno buscaría aquí reforzar la seguridad jurídica y del control de las inversiones, según fuentes del Ejecutivo.
Este cambio refuerza el control en particular en dos sectores, el energético y las infraestructuras, donde las ventas de activos son moneda común.
Activos concretos como autopistas han sido históricamente objeto de deseo para los fondos extranjeros, dado su perfil como fuente de ingresos segura y constante. En los últimos años estos fondos miran también al sector energético, en el que grandes compañías venden activos o buscan socios para financiar sus planes de transformación energética. En España es una estrategia utilizada por Iberdrola o Repsol.
Dada la situación de la energía en Europa, para el Gobierno de Pedro Sánchez es clave blindar el sector durante los próximos años. Las otras áreas sobre las que se aplica la norma actual son transportes, agua, robótica, medios de comunicación, ciberseguridad, telecomunicaciones o defensa.
La decisión del Gobierno de Sánchez choca con los planteamientos de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), que se ha pronunciado sobre esta acción de oro. Su presidente, Rodrigo Buenaventura, aseguró durante el último Spain Investors Day que “es preciso mantener en nuestro mercado de capitales los estándares más elevados de integridad, gobierno corporativo y apertura a la inversión exterior”.
Frente al temor de que disposiciones de esta índole desincentiven el interés por el mercado nacional, fuentes gubernamentales consideran que el proceso de revisión ha funcionado y no se ha frenado la actividad ni la inversión extranjera.
En paralelo, la actual situación en el mercado de valores también aprieta. La tensión inflacionista ha roto las perspectivas de una rápida recuperación tras la pandemia, y la violenta subida de los tipos de interés castiga a las empresas endeudadas.
(Con información de Cinco Días)
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