El presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto 825 del 8 de junio de 2020 que permitirá llevar mayor infraestructura para brindar cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales más alejadas de Colombia, a través del modelo de obligaciones de hacer.
Con este decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y en la ley 1978 de 2019, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales podrán ejecutar proyectos para el beneficio de las comunidades más vulnerables que aporten al cierre de la brecha digital y fortalezcan la capacidad regional.
Como lo estipula la ley 1978 de modernización del sector TIC, parte de las contraprestaciones por el uso y aprovechamiento del espectro, la industria podrá hacer uso del modelo de obligaciones de hacer, es decir, la sustitución del pago en dinero por el despliegue de infraestructura u otro servicio técnico pactado, lo que permitirá aumentar la inversión, maximizar el bienestar social y brindar mejores tarifas al usuario final.
«Esta es una gran noticia porque estamos dando un salto a la virtualidad, para que las personas en el campo tengan las mismas oportunidades de quienes viven en la ciudad, para que tengan acceso a internet y a través de esta herramienta puedan trabajar, impulsar negocios y nuevos emprendimientos para ser más competitivos, para que nuestros niños y niñas puedan seguir recibiendo educación de calidad y prepararse para un mejor futuro, eso es equidad», resaltó la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
Con el apoyo del Pdte. @IvanDuque firmamos el #Decreto825 de 2020 que nos permite avanzar en el cierre de la #BrechaDigital en el país. Los operadores postales y de telecomunicaciones podrán desarrollar proyectos como mecanismo de pago de las contraprestaciones económicas. pic.twitter.com/bGX3SPfoR4
— Karen Abudinen (@karenabudi) June 9, 2020
Los proyectos para llevar cobertura móvil celular e internet a la población vulnerable, de bajos recursos y en zonas rurales, así como a instituciones oficiales tales como bibliotecas, escuelas y centros de salud del área rural, tendrán que ser presentados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores postales, a través del mecanismo de obligaciones de hacer, como parte de la contraprestación económica por el uso del espectro radioeléctrico y la contraprestación a cargo de los operadores de servicios postales.
Sobre ello, Édgar Paéz, presidente de Supergiros, expresó que “este decreto 825 es muy importante porque nos está regulando para que todo lo que es la tasa de contribución que los operadores postales y las empresas de giros le pagan al fondo de comunicaciones se pueda usar para llevar conectividad a muchas regiones”.
Páez destacó que en Supergiros siempre han sido innovadores y precursores de esa idea pues con su infraestructura y recurso humano en municipios pueden ofrecer conectividad a las comunidades y mantenerlo de una manera eficiente, algo que ha fallado en otros programas de conectividad.
“Hemos calculado que podemos hacerlo en 550 municipios aislados en el país. Podemos hacerlo con planes pilotos para que la gente y el Ministerio lo vean con la eficiencia en nuestra red e infraestructura y prestarle ese servicio de conectividad a la gente más pobre de las regiones más aisladas”, concluyó el presidente de Supergiros.
«El desarrollo de proyectos a través de este mecanismo genera beneficios en los territorios, ya que funciona como una herramienta para agilizar la llegada de la conectividad. Con ello, se impulsa la transformación digital y se dinamiza la inversión pública y privada en materia de telecomunicaciones, lo que mejora la calidad de vida de los colombianos en regiones apartadas», resaltó Abudinen al respecto.
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