El Gobierno Nacional se comprometió a asumir una discusión más profunda y amplia en relación con el proyecto de acto legislativo que propone reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) para fortalecer la autonomía fiscal de los territorios en Colombia.
Este martes, durante el debate de control político sobre el SGP en la Comisión IV Constitucional del Senado de la República, el vocero del Ministerio de Hacienda dijo que el proyecto que cursa en el Congreso de la República, además de ser insostenible desde el punto de vista fiscal, repite viejos errores, por lo que el Gobierno asumirá la tarea de mejorarlo más allá del debate frente a los montos, que ocupa hoy a la opinión pública.
“La descentralización implica más que la distribución de recursos que recauda la Nación, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades fiscales en los territorios y ese fortalecimiento también es una deuda”, dijo Jairo Bautista, director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Fuente: Misión de Descentralización.
Bautista mencionó ajustes como encontrar una fórmula que permita estabilidad en el gasto, ir más allá de los departamentos para aprovechar el surgimiento de nuevos escenarios (territorios afro e indígenas), definir un tiempo de transición y hacer énfasis en las competencias que tendrían los entes territoriales.
¿Por qué sí reformar el SGP?
Actualmente, todos los actores que se han pronunciado respecto al proyecto coinciden en la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales. Ello va de la mano con la necesidad de transferir competencias del Gobierno nacional a los departamentos y municipios, y fortalecer su capacidad institucional.
La senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, se mostró de acuerdo con la reforma al SGP, pero planteó hacer una revisión más detallada que no implique ir en contra de la Regla Fiscal o del Marco Fiscal de Mediano Plazo “porque si no vamos a pagar los platos rotos todos y muy pronto”.
Lozano identificó necesidad de ajustes como liberar espacio fiscal acabando con la captura nacional de competencias territoriales, llevar las transferencias del 23 % actual al 37 % de los ingresos de la Nación en un periodo de 5 años que permitan evaluar el efecto, redefinir el marco de competencias de departamentos y municipios, y distribuir los nuevos recursos con un criterio de equidad territorial.
“Si hacemos una reforma al SGP y dejamos la misma fórmula, la misma destinación específica, perdimos la oportunidad porque aún no hemos logrado cerrar las brechas territoriales, como lo sustentó la Misión de Descentralización”, sentenció la senadora.
Fuente: Misión de Descentralización.
De acuerdo con Lozano, es evidente que, aunque la cifra nominal de transferencias aumenta año a año, el SGP ha venido perdiendo peso relativo dentro de los ingresos corrientes de la Nación: en 2002 estaba en el 43 % y en 2024 va en el 21 %. “El SGP se quedó corto, es una bolsa incompleta con recursos insuficientes para las regiones que tienen cada vez más necesidades. Está saliendo mal porque no es equitativo y no favorece el desarrollo”, concluyó.
Nuevos conceptos desfavorecen la reforma al SGP
Si bien aún hacen falta análisis de costos fiscales más amplios, durante el debate de control político se conocieron nuevas perspectivas, como la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que proyecta un aumento de 2,4 puntos porcentuales en la participación que tienen los recursos del SGP en el PIB para 2035 con la reforma en discusión (del 5,8 % al 8,2 %, comparándolo con la proyección del escenario actual).
Bajo esta premisa, el CARF alerta que el país llegaría a una senda de deuda insostenible que “sobrepasaría su límite en 2037, afectando la estabilidad macroeconómica y con efectos negativos en las finanzas de la Nación”. También señala que la presión del gasto pondría en riesgo la financiación de otras funciones y necesidades del Estado.
Además, destaca que el proyecto no considera cambios en recaudo asociados a los ciclos económicos o a choques externos y cuestiona que el incremento de las transferencias no fomenta mayores esfuerzos fiscales en las regiones, por el contrario, puede crear mayor dependencia del nivel central.
Así mismo, el director del centro de investigación Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que el aumento en la proporción que tienen las transferencias del SGP a departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la Nación generaría una crisis fiscal.
Fuente: Fedesarrollo.
De hacerse lo propuesto en el proyecto, en 2036 las transferencias del SGP pasarían a equivaler el 8,4 % del PIB, es decir, un 65 % de lo que sería en 12 años si no se hiciera ninguna modificación al modelo actual, por cuenta de una necesidad de $60 billones adicionales por año.
“Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió Mejía.
La alerta de Fedesarrollo va más allá y señala que dicho incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, llevando el déficit al 6,4 % del PIB en 2036 (con el escenario actual sería del 3,1 %).
En consecuencia, la deuda del gobierno superaría el límite del 71 % del PIB impuesto por la Regla Fiscal. “Esta situación aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, señaló Mejía.
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