Un análisis del gasto público en América Latina y el Caribe reveló ineficiencias y malgasto que podrían llegar a costar hasta 220.000 millones de dólares al año, o el equivalente al 4,4 % del PIB de la región.
“Esto significa que hay amplio margen para mejorar los servicios básicos sin necesidad de aumentar el gasto”, concluyó el informe ‘Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos’, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una coyuntura en que los gobiernos de la región luchan por cubrir, con presupuestos cada vez más apretados, las crecientes expectativas de la población.
Las proyecciones del banco arrojan que hay un gasto público ineficiente de 4,8 % del PIB en Colombia, es decir, aproximadamente 50 billones, 3,5 veces el dinero que recaudaría la ley de financiamiento que está próxima a radicarse, señaló Portafolio.
Con la ‘austeridad inteligente’, en Colombia, se hizo un ajuste fiscal de 3,9 % del PIB, entre el 2013 y el 2016, de acuerdo con cifras de la cartera de Hacienda.
En la ley que fija los ingresos y gastos del próximo año, el Gobierno y congresistas añadieron más controles: por ejemplo, de aprobarse como quedó la ponencia, se reducirían comisiones de servicio, se prohibiría contratar planes de celular y cada viaje de los funcionarios tendrá que ser justificado, anotó el diario.
La publicación del BID argumenta en contra de los recortes generalizados y a favor de un gasto “inteligente” que mejore la eficiencia en áreas críticas del sector público.
En América Latina y el Caribe, el gasto público consolidado actualmente ronda en promedio a un 29,7 % del PIB, casi 6 % más que a principios de los años 2000.
El gasto oscila entre más del 35 % del PIB en Argentina y Brasil y menos del 20 % en la República Dominicana y Guatemala. Para el caso de Colombia, alcanzaría el 70 % del PIB.
Tras la crisis financiera global de 2007-2008, muchos países de la región vieron catapultarse sus ingresos por la venta de materias primas y elevaron sus gastos en áreas tales como salarios en el sector público y pensiones, que son difíciles de revertir. Esos gobiernos ahora necesitan sacar el máximo provecho posibles de sus ingresos tributarios.
Principales hallazgos
Una estimación moderada del costo de la ineficiencia que suma excesos en las compras gubernamentales (incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras), junto a una abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al sector indicado de la población, da como resultado pérdidas por 4,4 % del PIB, o unos 220.000 millones de dólares (un 16 % del gasto total).
Ese monto sería suficiente para eliminar la pobreza extrema en la región.
Chile y Perú tienen la mejor calidad de gasto, con costos de ineficiencias que llegan al 1,8 % y 2,5 % del PIB, respectivamente.
La inversión pública necesaria para asegurar el crecimiento futuro ha perdido más de 8 % en el presupuesto respecto de los gastos corrientes.
Mientras que, en todas las otras regiones del mundo, la inversión pública per cápita ha crecido en promedio más del 50 %, en América Latina sólo avanzó un 5 %, manteniéndose aproximadamente en los mismos niveles que en la década de 1980.
América Latina y el Caribe gastan cuatro veces más en la población de mayor edad que la más joven. De mantenerse en los actuales niveles, los regímenes de pensiones y de salud podrían aumentar del actual 35 % del presupuesto al 78 % en 2065, poniendo a la sostenibilidad fiscal en riesgo.
Ese escenario también podría restar recursos a otras prioridades, tales como el desarrollo del capital humano y de infraestructura, elementos indispensables para sostener el crecimiento económico en el tiempo.
Por otro lado, un mayor gasto gubernamental difícilmente ayudará a cerrar la brecha de desigualdad en la región si no se corrigen las ineficiencias en la redistribución.
En 16 países de América Latina, los impuestos directos y las transferencias de efectivo logran reducir la desigualdad en un promedio de sólo el 4,7 %, contra un 38 % en un muestreo de países desarrollados.
Una reducción de los sobrecostos y demoras en proyectos de infraestructura financiados por los gobiernos a los niveles de los proyectos financiados por los bancos multilaterales de desarrollo podría generar un ahorro en el gasto de casi 1,2 % del PIB.
Esto podría liberar hasta 50.000 millones de dólares anuales para inversiones en infraestructura.
Varios países podrían mejorar sus índices de salud manteniendo sus presupuestos, dirigiendo el gasto a servicios más efectivos.
En la región, la expectativa de vida podría aumentar en cuatro años, y en el caso de Bolivia, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago, podría subir al menos siete años. Por su parte, el delito podría reducirse en un 30 %.
Recomendaciones de políticas
El informe también propone la adopción de reglas fiscales que vayan más allá de la sustentabilidad fiscal para la protección de las inversiones, tales como el requisito fiscal de doble condición de Perú, que fija límites específicos al incremento de los gastos corrientes para asegurarse de que no insuman recursos que deberían asignarse a gastos de capital.
Así mismo, cita numerosas formas de mejorar el manejo del gasto público para aumentar la eficiencia del servicio civil, desde el desarrollo de planes de servicio público que incluyan claras metas y visiones, hasta la auditoría de las nóminas de empleados y de las transacciones.
En el terreno de la educación, el libro recomienda, entre otras medidas, acompañar un mayor gasto por alumno con un aumento de las medidas de rendición de cuentas para reducir la corrupción, como también un mayor nivel de formación de docentes y de ajuste de sus ingresos al desempeño.
En cuanto a la seguridad pública, el libro destaca que la región tiene altos niveles de delincuencia a pesar de haber aumentado sustancialmente el gasto en policía y encarcelamiento, llevando al sector de la seguridad a absorber un 5,4 % de los presupuestos fiscales, frente a un 3,3 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
El informe también enumera las mejoras en las áreas de organización y eficiencia policial, mejor manejo de los programas de prevención del delito, y un mayor enfoque en los puntos, personas y comportamientos de alto riesgo, entre otros.
Baja confianza en el gobierno
Otros elementos esenciales para restaurar la confianza de la gente en su gobierno incluyen dar más información a la ciudadanía para que pueda supervisar las medidas gubernamentales e incrementar la eficiencia técnica y de asignación de recursos para que ésta pueda conseguir los servicios que se merece, dijo la especialista principal de la división de manejo fiscal y municipal del BID, Carola Pessino.
