Siete de los congresistas designados como ponentes para discutir la ley de financiamiento en el Congreso de la República radicaron anoche el articulado con que comenzará a debatirse la propuesta tras tres meses de haber sido presentada por el Gobierno.
De hecho, hoy martes, el Congreso anunció la ponencia positiva en la sesión de las comisiones económicas conjuntas para iniciar el debate en la siguiente citación, la cual podría ser mañana miércoles, dependiendo de la agenda del Legislativo, pues el receso de la corporación inicia el lunes 16 de diciembre.
Entre los principales cambios de la ponencia, que se compone de 50 artículos, está el descuento del 15 % en las sanciones para los contribuyentes que hayan omitido, corregido o incumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, aduaneras o cambiarias cuando realicen el pago total de los impuestos pendientes.
De hecho, alrededor de 13 artículos son nuevos, la mayoría de los cuales le apuntan a beneficios tributarios de más del 90 % en sanciones e intereses “para todas más de 250.000 personas que hoy, efecto del Covid, deben en la UGPP, no han podido ponerse al día en la renta, el IVA, el impoconsumo o la retefuente”, según la representante Olga Lucía Velásquez.
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Otros, en cambio, se enfocan en los ingresos por concepto de dividendos o participaciones, como uno que busca evitar doble tributación en cabeza del accionista al clasificar los abonos como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional cuando sean abonados en cuenta en calidad de exigibles.
Respecto a las propuestas más discutidas en estos meses, el nuevo articulado no incluye IVA para los juegos de suerte y azar digitales. También se eliminaron el aumento de cinco puntos porcentuales en la tarifa de ganancia ocasional, la reducción del umbral de 72.000 UVT para las personas obligadas a liquidar el impuesto al patrimonio y el incremento de impuestos a la importación de vehículos híbridos.
Además, “con el propósito de evitar un impacto considerable en los precios de los combustibles y de los bienes y servicios”, se incluye un aumento progresivo del impuesto al carbono que consiste en aplicar el 75 % de la tarifa en 2025, 2026 y 2027 y la tarifa plena partir de 2028.
En cambio, se mantiene la reducción de la tarifa que pagan las empresas por impuesto de renta del 35 % al 30 % e incluso hasta el 27 % para las empresas pequeñas. Para quienes sí aumenta es para los sectores extractivos de petróleo y gas por “su capacidad para contribuir más al Estado sin afectar su viabilidad económica”.
Del mismo modo, sobrevivió la propuesta que propone anticipar la vigencia plena de la Regla Fiscal, que en 2021 se sometió a una fase de transición hasta 2026. Esto significa que, de aprobarse el proyecto de ley, a partir del próximo año el límite legal para el tamaño relativo de la deuda del Gobierno Nacional Central equivaldrá al 71 % del PIB.
Otros ajustes fueron en términos de la redacción, como el del artículo que impone una tarifa del 1,5 % para los activos fijos reales no productivos. En este se especifica que se aplicará a aquellos bienes tangibles o corporales que no tengan relación de causalidad con su actividad productora de renta, es decir, “los activos que tiene vocación de gasto y no de producción y están incorporados dentro de los activos de personas jurídicas”.
Archivo de la ponencia para primer debate del proyecto de ley 300 de 2024 Cámara/245 de 2024 Senado
Esta versión del articulado le apunta a recaudar $11,5 billones, en lugar de los $12 billones estimados inicialmente, así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a la salida de una reunión entre el Gobierno y el Congreso: “Hoy no es viable pensar en una ley de financiamiento que llegue a los $12 billones de recaudo que se requieren para el presupuesto desfinanciado, pero sí se puede avanzar en varios puntos que den una cifra inferior pero importante”.
Durante la construcción de la ponencia, que tomó 18 reuniones, se analizaron 118 proposiciones presentadas por los congresistas. Además de esta ponencia positiva radicada, hay dos ponencias negativas que se votarán también en el próximo debate de las comisiones económicas conjuntas.
Los coordinadores ponentes designados por los presidentes de las comisiones tercera y cuarta, tanto de Senado como de Cámara de Representantes para este proyecto que firmaron la ponencia fueron: Jairo Castellanos, Julio César Estrada, John Jairo Roldán, Olga Lucía Velásquez y María del Mar Pizarro.
Otros congresistas designados como ponentes que se negaron a respaldar la ponencia fueron Efraín Cepeda, Juan Pablo Gallo, Juan Carlos Garcés, Mauricio Gómez, Miguel Uribe, Antonio Zabaraín, Aida Avella, Carlos Jiménez, Juan Felipe Lemos, Jezmi Barraza, Juan Loreto, José Eliecer Salazar, Wilmer Guerrero, Elena Robayo y Rodolfo Ospina.
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