El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en contra del nuevo proyecto de resolución impulsado por el Ministerio de Ambiente, el cual establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
Galán calificó esta medida como un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía de Bogotá y de los municipios de la Sabana. Según el mandatario, el proyecto de resolución viola la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al haber sido elaborado sin la participación de las autoridades territoriales.
Falta de concertación y críticas a la legalidad del proyecto
El alcalde cuestionó la forma en que se ha construido esta iniciativa, señalando que no se trata de una verdadera consulta pública sino de un incumplimiento legal. Explicó que cualquier acto administrativo de carácter general debe ser producto de un proceso de construcción colectiva, y en este caso, el Gobierno Nacional ha actuado unilateralmente.
«El Ministerio de Ambiente no convocó ni a la Alcaldía de Bogotá, ni a sus secretarías. Han trabajado este proyecto de manera oculta, sin la coordinación que exige la ley», afirmó Galán.
Además, recordó que en octubre advirtió al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Ambiente sobre la falta de concertación y que, aunque se comprometieron a corregirlo, nunca lo hicieron.
El alcalde también argumentó que la resolución incumple el Acuerdo de Escazú, el cual establece la necesidad de una participación transparente en la toma de decisiones ambientales. Además, mencionó que el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno exige que las determinantes ambientales sean formuladas en coordinación con las autoridades territoriales, lo que, según él, no ocurrió en este caso.
Advertencias sobre posibles acciones legales
Galán advirtió que si el Ministerio de Ambiente no retira el proyecto, se pondría en riesgo el cumplimiento de decisiones judiciales de obligatorio acatamiento para Bogotá y la Nación. Además, advirtió que, de persistir en esta vía, la Alcaldía acudirá a instancias judiciales para defender la autonomía territorial y la institucionalidad de la ciudad.
«La ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional no son opcionales. Este gobierno parece no entenderlo, pero llevaremos el caso a donde sea necesario para proteger los derechos de los bogotanos y la autonomía de la ciudad», enfatizó.
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