La calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings confirmó hoy la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Colombia en ‘BBB’, mientras que dijo que la perspectiva fue revisada a negativa desde estable.
En su informe, la firma dijo que la perspectiva negativa de Colombia “refleja los riesgos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento del riesgo de desequilibrios externos”.
Fitch espera que, con la reducción de los ingresos fiscales del Gobierno a partir de 2020, junto con los rígidos compromisos de gasto, se haga el ajuste fiscal adicional necesario para estabilizar y luego reducir gradualmente la deuda / PIB de las administraciones públicas, que al 42,3% del PIB en 2018 ya está por encima de la media ‘BBB’ actual de 37,5% y se espera que continúe divergiendo de la mediana, en ausencia de una consolidación fiscal más rápida.
Las revisiones frecuentes del presupuesto a mediano plazo en los últimos años, la reciente dilución en el Congreso de medidas permanentes de recaudación de ingresos fiscales en medio de demandas de gastos rígidas y reservas fiscales relativamente bajas están reduciendo la previsibilidad y credibilidad de la política fiscal a mediano plazo.
Además, las métricas externas de Colombia se están deteriorando en medio de un mayor déficit en la cuenta corriente, una menor liquidez externa y el aumento de la deuda externa neta.
Fitch Ratings espera que la Ley de Financiamiento aprobada en 2018 debilite los ingresos del Gobierno.
Dijo al respecto que la reforma inicial incluyó reducir las tasas de impuestos corporativos, aumentar los impuestos a la renta personal y ampliar la base del impuesto al valor agregado (IVA).
En medio de la oposición legislativa, el Congreso eliminó o modificó muchos elementos clave de la reforma, en particular la extensión del IVA a los alimentos básicos.
Por lo tanto, la reforma final rendirá aproximadamente la mitad de los ingresos de la propuesta original, aproximadamente el 0.7% del PIB. Los recortes a las tasas de impuestos corporativos y los incentivos para las inversiones de capital incorporados en la ley comenzarán a tener un impacto negativo en los ingresos fiscales en 2020, con una reducción de alrededor del 0,8% del PIB (y seguirán cayendo en 2021-2022 a medida que las tasas de impuestos corporativos continúan siendo rebajadas).
Las pérdidas de ingresos en virtud de la Ley de Financiamiento dificultarán la consolidación fiscal, dijo la agencia.
Los ingresos perdidos serán difíciles de compensar con la administración tributaria planificada del gobierno y los esfuerzos contra la evasión, según la opinión de Fitch.
Para llenar la brecha presupuestaria, el Gobierno propone vender activos estatales, así como ajustar los gastos y mejorar la administración de efectivo. Fitch espera que el Gobierno cumpla con sus objetivos para 2019 y 2020, pero solo cuando las ventas de activos se incluyan en los ingresos (casi el 0.6% del PIB en cada año). Sin embargo, advirtió que estos ingresos no se repetirán y, para lograr un aumento sostenible de los ingresos y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal a mediano plazo, probablemente se necesiten más ajustes de la política fiscal para construir la base de ingresos no petroleros (aunque los ingresos del petróleo aumentó en los últimos dos años debido a mejoras en la productividad en Ecopetrol y algún repunte en los precios del petróleo, los ingresos del gobierno aún son vulnerables a los choques de precios del petróleo).
Actualmente hay poco interés político para una reforma fiscal, aunque los gobiernos sucesivos han establecido un historial de aprobación de varias facturas de impuestos en las últimas dos décadas.
“Si bien el déficit se ha reducido, las mejoras estructurales en las finanzas del Gobierno han sido relativamente modestas, con un progreso que depende en cierta medida de medidas puntuales”, añadió la firma.
La Regla Fiscal de Colombia adoptada en 2012 buscó reducir el déficit estructural del gobierno central al 1% del PIB para 2022.
Y dijo que las “revisiones a la baja en el potencial de crecimiento a largo plazo y las estimaciones del precio del petróleo han llevado a revisiones frecuentes de los objetivos originales reales establecidos en la regla (pero en cumplimiento de la regla)”. Hubo revisiones en 2016 y 2017 al objetivo real. En 2018, el Consejo revisó nuevamente las metas fiscales para todo el período 2018-2027. En 2019, el Consejo volvió a revisar la meta para abordar los costos significativos asociados con los migrantes de Venezuela (aunque el Gobierno se ha comprometido a cumplir con el objetivo original del 2.4% del PIB).
“Los frecuentes cambios han socavado la previsibilidad y credibilidad de la política fiscal en Colombia. Además, el Gobierno ha confiado en medidas puntuales para cumplir sus objetivos en 2017-2018 con una multa del 0,5% del PIB en el sector de las telecomunicaciones en 2017 y el pago anticipado de los impuestos sobre la renta de Ecopetrol (0,3% del PIB) en 2018”.
La deuda / PIB sigue aumentando a pesar de los déficits fiscales más bajos en los últimos tres años, alcanzando un 42,3% en 2018 frente al 39,7% en 2017. La prefinanciación, la cristalización de los pasivos contingentes y un tipo de cambio más débil fueron los impulsores clave del aumento de la deuda en 2018.
Aunque Fitch espera que se logre un superávit primario en el gobierno central a partir de 2019, puede no llevar a una estabilización de la relación deuda / PIB, dado el potencial para una mayor materialización de pasivos contingentes y movimientos del tipo de cambio (casi el 30% de La deuda está denominada en moneda extranjera).
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