La Fiscalía continúa investigando a las personas vinculadas en el caso de corrupción de la UNGRD. Este miércoles 22 de enero fue el turno de Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).
Su nombre aparece en la lista de indagados donde habría participado a través de millonarios convenios que se le iban a entregar a congresistas de las comisiones de crédito público a cambio del apoyo a las reformas de Petro.
Las pruebas ante el asesor del Dapre
De acuerdo con El Tiempo, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, le ofreció al asesor un principio de oportunidad para que dijera la verdad y hasta le ofrecieron reubicación en el exterior.
La oferta llegó porque Patiño le anunció que tenía evidencia de chats preguntando por tres convenios de la UNGRD, superiores a los $92.000 millones que iban para Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que debían aprobarse para que no se hundieran las aprobaciones a empréstitos.
El perfil de Jaime Ramírez Cobo
El ente investigativo reconoce a Ramírez Cobo como un factor estrella, lo considera un engranaje entre el Dapre, el Congreso y los altos cargos de Presidencia.
Los hechos bajo investigación ocurrieron mientras trabajaba bajo las órdenes de Carlos Ramón González, cuya situación judicial está en proceso de definirse. Asimismo, Ramírez tiene vínculos con Laura Sarabia, quien dejará el Dapre para asumir como Canciller.
El Tiempo también mencionó que la Fiscalía ya ha obtenido grabaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, que muestran a congresistas de las comisiones de crédito público ingresando al edificio en fechas coincidentes con las apariciones de Ramírez Cobo.
Recomendado: Petro reconoce fracaso del Estado colombiano tras crisis con ELN en Catatumbo
Entre los parlamentarios investigados por la Corte Suprema se encuentran Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Wadith Alberto Manzur (Conservador), Julián Peinado (Liberal), Karen Astrith Manrique (Curul de Paz) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
Por su parte, la defensa de Bonilla y de los congresistas sostiene que los convenios con la UNGRD no llegaron a ejecutarse debido a la controversia desatada por el escándalo de los carrotanques. También argumentan que la interacción entre parlamentarios y el Ministerio de Hacienda es parte de la dinámica habitual entre el Ejecutivo y el Legislativo.
