Este 25 de julio será decisivo en el caso de corrupción dentro de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Sobre las 9:00 am, la Fiscalía imputará los cargos contra el exdirector de la entidad, Olmedo López; el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad, Sneyder Pinilla; y el contratista, Luis Eduardo López.
El proyecto, que parecía ser un hito para La Guajira por permitir la llegada de una importante cantidad de agua, terminó empañado por la corrupción. La Unidad se encargó de comprar 40 carrotanques por $46.000 millones, pero se vio envuelta en irregularidades.
Según declaraciones de los implicados, se desvió una suma considerable de dinero hacia congresistas con el propósito de acelerar reformas en la plenaria.
Este escándalo afectó también la contratación del suministro de agua potable y múltiples obras de mitigación en departamentos como Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre otros.
Caso de corrupción UNGRD, así avanza
Hoy, la Fiscalía General de la Nación revelará los resultados parciales de la investigación sobre el caso de corrupción ante un juzgado de control de garantías en Bogotá.
En un comunicado, la entidad afirmó: “La Fiscalía revelará los resultados parciales y las hipótesis definidas en uno de sus frentes investigativos, que dan cuenta de los alcances del entramado de corrupción que se apropió de la contratación de suministro de agua”.
En este escenario, que será público por solicitud expresa de la Fiscalía, el país conocerá la posible participación de Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López en las actividades ilegales identificadas.
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Entre los delitos que se les imputan se encuentran concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Cabe mencionar que días atrás Sneyder Pinilla entregó a la Fiscalía una propuesta pública de pagar cinco años de prisión por el escándalo de la Ungrd. En un documento de seis páginas, argumentó que estaría dispuesto a aceptar todos los cargos imputados si se le concede una pena de prisión de cinco años (60,5 meses) en un centro de reclusión militar. Además, aceptaría el pago de una suma de $292 millones, equivalente al incremento patrimonial obtenido de las contrataciones ilícitas.
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