En la tarde de este 8 de abril se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto con otros 12 exfuncionarios de su administración. El proceso judicial está relacionado con la polémica venta del lote conocido como Aguas Vivas.
La diligencia judicial, que se lleva a cabo luego de dos aplazamientos previos, examina decisiones tomadas durante el periodo de gobierno de Quintero, específicamente en torno a la reversión del uso y propiedad del mencionado terreno.
De acuerdo con lo que se menciona, en 2019 el lote Aguas Vivas habría sido entregado por la firma IDC Inversiones y Técnicas Constructivas como parte de una figura de compensación urbanística, contemplada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Esta cesión habría tenido como finalidad permitir la construcción de espacio público a cambio de autorizaciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. En este contexto, los constructores estaban comprometidos a destinar el terreno a un parque, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el POT.
Sin embargo, en 2020, bajo la administración de Quintero, la Alcaldía de Medellín habría tomado la decisión de revertir dicha compensación. El lote, al parecer, fue restituido a sus anteriores propietarios y, de forma simultánea, se notificó un cambio en el uso del suelo.
Esta modificación, presuntamente elevó considerablemente el valor comercial del terreno, pasando de una estimación de $27.000 millones a $48.000 millones. Esta decisión generó cuestionamientos tanto por su legalidad como por sus implicaciones urbanísticas y económicas, lo que dio origen a la investigación que hoy avanza en la Fiscalía.
El lote Aguas Vivas se encuentra ubicado en una zona estratégica de la ciudad, entre los sectores de Las Palmas y El Poblado, lo cual explica su alta valorización.
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Cabe recordar que la audiencia de imputación fue suspendida en dos ocasiones anteriores por decisión de la Fiscalía, lo que generó expectativa sobre el avance del caso. En esta ocasión, se espera que las autoridades judiciales definan si existen méritos suficientes para formular cargos formales contra los implicados. La audiencia, que se desarrolla este 8 de abril, podría marcar un punto de inflexión en la investigación que lidera el ente acusador.
Imputación de cargos contra Quintero
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que estos hechos son jurídicamente relevantes, que vincularían a Daniel Quintero con el escándalo de Aguas Vivas y que sería imputado con la convicción de que, en menos de dos meses, se presentará el escrito de acusación por la acción ejecutada.
La Fiscalía también argumentó que “el objetivo de favorecer intereses particulares era contrario a los deberes que tenían Quintero y sus delegados como servidores públicos en sus respectivos cargos. Asimismo, conocían el trámite y la expedición de estos actos, los cuales no pueden ejecutarse sin el cumplimiento de los parámetros legales establecidos”.
Es importante destacar que la Fiscalía hizo la división de imputación de cargos. Uno de ellos contra exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y uno a parte contra Quintero
Además, se advirtió sobre las presuntas irregularidades, sobre el cambio en el suelo del lote, y la manera en quelas empresas y funcionarios de la alcaldía acordaron dicha estrategia.
La defensa de Quintero ha manifestado que las decisiones adoptadas durante su administración estuvieron respaldadas por estudios técnicos y que no se incurrió en ninguna irregularidad. No obstante, los organismos de control deberán determinar si hubo o no una transgresión a las normas de planeación urbana, administración pública o uso indebido de funciones.
Finalmente, la Fiscalía destacó que los funcionarios no habrían actuado conforme a la defensa de intereses del Distrito, incurriendo en la elevación de manera irregular en la valoración del predio, duplicando su costo.
Asimismo, destacaron que, de ser culpables, después de la investigación pertinente, tanto Quintero, como los otros funcionarios, tendrían una condena que va desde los 64 a los 216 meses de prisión, que tendría posibilidad de rebaja en caso de que se allane los cargos.
