El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en septiembre en el Congreso un proyecto de reforma tributaria (ley de financiamiento) con la que esperaba recaudar $12 billones para completar el faltante del presupuesto de 2025 presentado al Congreso ($523 billones).
Aunque la iniciativa fue ajustada por falta de respaldo político y se excluyeron artículos que llevaron la estimación de recaudo a la baja ($9,8 billones), el Legislativo negó el proyecto de ley y votó por archivarlo durante su primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
Fuente: MFMP, 2025.
Ahora, el Gobierno debe buscar nuevas opciones para balancear sus cuentas y cumplir con sus compromisos fiscales. Por un lado, el presidente anunció que se enfocará en realizar cambios profundos en el sistema tributario del país, priorizando la lucha contra la evasión fiscal, especialmente en sectores como los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando.
Por otro, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, le confirmó a El Tiempo en entrevista que el equipo económico del Gobierno está evaluando todas las alternativas y eso incluye presentar el proyecto de ley de financiamiento en el siguiente periodo legislativo.
López ya había advertido en el Congreso que los recursos de la ley de financiamiento eran equivalentes al presupuesto de 26 de los 31 sectores y de 81 de las 163 entidades públicas para la inversión social, por lo que sin ellos el pueblo resultaría golpeado. También dijo que sin su aprobación están en riesgo más de 163.000 empleos e incluso el crecimiento económico del país.
La propuesta de Fedesarrollo
En su más reciente informe de Tendencia económica, Fedesarrollo subraya la necesidad de repensar la estructura tributaria y generar mayores eficiencias en el gasto, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad fiscal hacia el mediano plazo.
En primer lugar, dada la incertidumbre en la materialización de los ingresos tributarios que proyecta el Gobierno, Fedesarrollo considera necesario que se implemente un ajuste en el gasto público para el próximo año, estimado en al menos 2 % del Producto Interno Bruto o PIB ($35,5 billones).
Fuente: Fedesarrollo.
De hecho, el comportamiento del recaudo en lo corrido del año (a $9 billones por debajo de lo estimado a septiembre) afecta la base de ingresos del próximo año y plantea dudas sobre la suficiencia de estas fuentes en 2025.
“Esto se vuelve particularmente relevante en un contexto donde el déficit fiscal del Gobierno nacional alcanzaría en promedio un 5,8 % del PIB en el periodo 2020-2025, significativamente superior al promedio del siglo XX (0,6 % del PIB), y al promedio registrado entre 2000 y 2019 (3,6 % del PIB)”, detalló el informe.
Sin embargo, el centro de investigación considera que la reforma tributaria planteada por el Gobierno resulta inconveniente e inoportuna ante los retos que enfrenta el país actualmente, “con medidas negativas que podrían afectar negativamente la credibilidad de la política fiscal del país”.
Aunque Fedesarrollo reconoce elementos positivos en la tributaria, como la reducción marginal de la tarifa de renta, la introducción de tarifas marginales diferenciales y la implementación del IVA a los juegos de suerte y azar digitales, advierte “elementos nocivos”, como las modificaciones a la regla fiscal, la implementación del impuesto al patrimonio a las sociedades nacionales, el aumento en tres veces del impuesto al carbono y la introducción de nuevos beneficios y exenciones sectoriales.
Antes de culminar este año, el Gobierno debe expedir un decreto donde indique cuál será el presupuesto de 2025, que se estima llegue a $511 billones, tras la negativa del Congreso por autorizar el postulado. Sin la ley de financiamiento el Gobierno deberá ajustar a la cifra a la baja, pero el 92 % del monto corresponde a rubros inflexibles. Otra opción sería anunciar el aplazamiento de una parte del presupuesto.
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