Fallo ratifica suspensión de actividades en el Muelle 13 de Buenaventura

El Tribunal Superior de Bogotá negó en segunda instancia la acción de tutela del Grupo Portuario S.A. para revocar una decisión de la ANLA

Muelle 13
El Grupo Portuario S.A. buscaba revertir la suspensión de operaciones ordenada por la ANLA en enero de este año. Foto: Senado de la República.

La acción de tutela presentada por el Grupo Portuario S.A. con el fin de levantar la suspensión de actividades en el Muelle 13 de Buenaventura, fue negada este miércoles por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.

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La suspensión de operaciones se adoptó por decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en enero de este año cuando la entidad advirtió que los manejos ambientales desconocían presuntamente las medidas de manejo que deberían implementarse frente a los impactos actuales y “a la necesidad de tener claridad frente a las circunstancias reales y materiales del proyecto”.

El Grupo Portuario S.A. buscaba revertir la medida mediante una acción de tutela que fue desestimada por improcedente. A finales de enero, el Juzgado 7° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá rechazó la petición de la empresa por primera vez argumentando que debía acudir al control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la justicia contenciosa administrativa.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia del Juzgado 7° de Ejecución de Penas y explicó que no es procedente que la intervención del juez constitucional y dijo que la controversia debe ser debatida en la jurisdicción contencioso administrativa para que las autoridades judiciales determinen el acierto y legalidad de la medida.

«Esta decisión garantiza que la ANLA pueda continuar con la protección de los ecosistemas en la zona del Muelle 13 de Buenaventura, especialmente del manglar, un ecosistema vital por su impacto ecológico y su función en la preservación de la biodiversidad», aseguró el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino.

Esta entidad intervino, según lo señalado en un comunicado, para dejar en claro que las actuaciones administrativas adelantadas por la ANLA se justificaban tanto en los hallazgos evidenciados como en las normas legales ambientales aplicables.

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