El Gobierno Nacional ya anunció como inminente una reforma fiscal de cara al próximo año. Propuesta que deberá encontrar parte de los recursos (cerca de dos puntos del Producto Interno Bruto) que tuvieron que gastarse en la atención del coronavirus.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda de Colombia, aseguró que entre finales de este año y comienzos del otro deberá iniciar la discusión sobre esa reforma, entendiendo que en los primeros meses de 2021 tendría que haber una aproximación a los cambios que esta reforma debería contener.
Bajo ese contexto, nueve centros de pensamiento (agrupados en la Red de Trabajo Fiscal) expusieron nueve propuestas que entregarán al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta en la discusión que se espera tenga lugar entre este y comienzos del próximo año.
La hora de ruta:
La primera propuesta se centra en hacer una revisión sobre los beneficios tributarios. Los centros de pensamiento creen que sería vital conformar un test de proporcionalidad a cargo de la Oficina Técnica Presupuestal para la aprobación de esos beneficios.
Se necesitará una evaluación periódica con participación de esa oficina, así como la revisión de los beneficios existentes con la idea de eliminar aquellos que no sean aprobados por el test de proporcionalidad.
Hay que recordar en este punto que una comisión de expertos internacionales ya examina cuáles son las exenciones que tiene Colombia y cómo podrían mejorarse o eliminarse, toda vez que llegan a costar cerca del 8,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
En segundo lugar, se propone una reforma que establezca mecanismos que permitan el acceso a datos anonimizados de las declaraciones de renta, información de los beneficios tributarios, información sobre sanciones a evasores y una casilla de género en declaraciones de renta.
La Red de Trabajo Fiscal pide que desde un comienzo se descarte la posibilidad de gravar la canasta básica familiar, toda vez que puede ocasionar un efecto negativo en la población además de que “el Gobierno ha demostrado no tener la capacidad técnica de hacer una devolución efectiva del IVA que llegue a toda la población pobre”.
Sobre ese punto, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró el pasado 19 de noviembre que el IVA del 19 % debería ser general a la canasta básica de alimentos.
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La cuarta propuesta de los centros de pensamiento tiene que ver con un “impuesto saludable a las bebidas azucaradas”. La iniciativa contempla la creación de una sobretasa al consumo de bebidas azucaradas de alcance territorial, “garantizando que su recaudo sea usado para mejorar la salud pública”.
Mucho se ha hablado de la necesidad de contar con más tributación que busque el beneficio y la protección medioambiental. El documento propone ampliar el hecho generador del impuesto para las emisiones de CO2, además de incrementar progresivamente su tarifa.
La sexta propuesta tiene que ver con unificar el concepto de beneficiario final dentro del sistema tributario. Plan que debe complementarse con la construcción de un mecanismo de registro de beneficiario final.
Así mismo, la Red de Trabajo Fiscal busca que se cree un impuesto que grave los servicios digitales “en la medida en que el beneficiario del servicio se encuentre en el territorio colombiano, que debería constituirse con una tarifa baja teniendo en cuenta que no es un impuesto deducible”.
La propuesta número ocho tiene enfoque territorial y se basa en elevar la tarifa predial, así como el desarrollo del catastro multipropósito. En el que a la Nación le compete la tarea de la actualización catastral para aumentar las vías de recaudo.
Finalmente, hay un componente de cultura tributaria que busca crear conciencia sobre aspectos sustanciales como la importancia de pagar lo que se debe por impuestos, así como de la importancia de la cultura tributaria en el entendimiento financiero del Estado.
Esta cultura tributaria también tiene en cuenta no establecer amnistías ni normalizaciones.
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