En la mañana de este 2 de septiembre se conoció que Estados Unidos (EE. UU) confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al parecer porque violaba las sanciones estadounidenses anteriormente impuestas al régimen.
Según los registros de vuelo, la aeronave Dassault Falcon 900, que tiene un costo estimado de US$13 millones, había estado en República Dominicana en los últimos meses, lugar en el que precisamente se hizo la detención. Las autoridades llevarán el avión hacia La Florida.
Como escribió CNN en su reporte, las autoridades estadounidenses no revelaron el motivo, pero las restricciones al gobierno Maduro habrían dado pie para el procedimiento en el que participaron Seguridad Nacional, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia del país -todas en colaboración con el gobierno dominicano-.
“Uno de los próximos pasos, al llegar a EE.UU., será solicitar la confiscación, lo que significa que el gobierno venezolano tiene la oportunidad de solicitarla y recolectar evidencia de la aeronave”, explicó el medio de comunicación.
Expertos aseguran que este acontecimiento “marca una escalada a medida que Estados Unidos continúa investigando lo que considera prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela”.
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A principios de este año, EE. UU. volvió a imponer sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela, como medida de rechazo a la forma en la que Maduro estaba abordando el desarrollo del escenario para las elecciones presidenciales en julio, evitando que “se celebraran unas elecciones inclusivas y justas”.
Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro, en un confuso conteo en el que no fueron reveladas todas las actas. De hecho, en este momento, la oposición y la comunidad internacional siguen reclamando claridad sobre las elecciones.
La persecución de EE. UU. a Venezuela
Desde hace varios años, las agencias federales llevan persiguiendo al gobierno venezolano por sospechas de corrupción.
“En los últimos años, una de ellas -HSI- ha desmantelado US$2.000 millones de ingresos o recursos ilícitos del gobierno venezolano, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias, según uno de los funcionarios estadounidenses”, describió CNN.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al presidente venezolano, junto con 14 de sus funcionarios actuales y anteriores, de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción.
“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con [la guerrilla colombiana de izquierda] las FARC, provocando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses”, dijo en ese momento el entonces fiscal general William Barr.
CNN recuerda que, en 2017, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, “fueron sentenciados a 18 años de prisión por un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por intentar contrabandear hasta 800 kilogramos de cocaína a EE. UU. en un jet privado”.
No obstante, apenas tiempo después, los dos fueron liberados por en un intercambio de prisioneros en 2022.
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